ARCA endurece los controles y habilita multas de hasta $35 millones por errores formales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) podrá aplicar multas de hasta $35 millones ante incumplimientos formales vinculados a la declaración del domicilio fiscal, a partir de la entrada en vigencia de la Resolución General 5809. La medida se enmarca en la denominada ley de Inocencia Fiscal y establece un régimen sancionatorio significativamente más severo para quienes no informen en tiempo y forma los cambios en el lugar donde desarrollan sus actividades económicas.

La normativa fija un plazo de 10 días hábiles administrativos para comunicar cualquier modificación del domicilio fiscal. En caso de no cumplir con ese requisito, las sanciones económicas podrán oscilar entre $150.000 y $35.000.000, aun cuando se trate de errores de carácter formal. El nuevo esquema reemplaza al régimen anterior, que contemplaba multas considerablemente menores, y busca reforzar el control y la actualización de los datos fiscales de personas humanas y jurídicas.

Junto con el endurecimiento de las sanciones, la resolución introduce un procedimiento completamente digital para la gestión del domicilio fiscal. Desde marzo, los contribuyentes deberán realizar el trámite exclusivamente a través del Sistema Registral, con clave fiscal, cargando la información correspondiente y, cuando el domicilio no figure previamente verificado, adjuntando documentación respaldatoria. El organismo contará con un plazo para validar los datos y, de detectarse inconsistencias, el contribuyente tendrá un período adicional para subsanarlas.

El nuevo régimen también prevé mayores restricciones para quienes registren un perfil de riesgo elevado o presenten irregularidades en su situación administrativa, lo que puede derivar en limitaciones sobre la CUIT y otros efectos fiscales. En ese contexto, especialistas advirtieron que la ausencia de un esquema de graduación según el tamaño o la capacidad económica del contribuyente podría generar situaciones de desproporción, especialmente para pequeñas y medianas empresas, frente a sanciones que alcanzan montos históricamente altos por incumplimientos formales.