Dictaron prisión preventiva para los siete policías acusados de robar cocaína en Colonia Benítez
La medida fue dispuesta tras casi seis horas de indagatorias y en el marco de una causa de fuerte impacto institucional. Los efectivos están imputados por delitos vinculados al narcotráfico y al uso indebido de bienes del Estado.

Luego de casi seis horas de audiencias, la jueza federal Zunilda Niremperger resolvió dictar la prisión preventiva para los siete policías acusados de sustraer cocaína durante una quema oficial de estupefacientes realizada en Colonia Benítez. La decisión se tomó tras la instancia de indagatorias y marca un nuevo avance en una causa que generó un fuerte impacto institucional en la provincia.
Según se informó al finalizar la audiencia, los imputados enfrentan cargos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, con agravantes vinculados tanto al número de personas involucradas como a su condición de funcionarios públicos encargados de prevenir y perseguir este tipo de delitos. A esa imputación se suma el delito de peculado, todo en concurso real, lo que agrava la situación procesal de los acusados.


Durante la jornada judicial, cinco de los efectivos prestaron declaración ante la Fiscalía Federal, mientras que el subcomisario Andrés Franco Ramírez y el cabo Gustavo Andrés Quizama optaron por abstenerse de declarar. Las indagatorias se desarrollaron en el marco del nuevo sistema procesal federal y estuvieron a cargo de la Justicia Federal, que continúa reuniendo elementos probatorios.
Los siete policías permanecen detenidos en distintas dependencias de fuerzas federales. Cinco de ellos se encuentran alojados en la Prefectura Naval Argentina, en la localidad de Barranqueras. En tanto, el cabo Gustavo Andrés Quizama fue trasladado al Escuadrón 18 "Las Lomitas" de Gendarmería Nacional, en Formosa, mientras que el subcomisario Andrés Franco Ramírez permanece detenido en el Escuadrón 15 "Bajo Paraguay", también en la provincia de Formosa.
La causa continúa en etapa de investigación, con intervención del Ministerio Público Fiscal, que analiza las pruebas incorporadas hasta el momento y no descarta nuevas medidas en los próximos días. En paralelo, siguen su curso las actuaciones administrativas dentro de la fuerza policial, en un expediente independiente del proceso penal.
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