La fiscalía pidió el juicio oral para los "narcopolicías" y ubicó a Alegre como el organizador

La Unidad Fiscal de Resistencia formuló la acusación formal contra los ocho policías chaqueños investigados en la causa conocida como "narcopolicías" y solicitó la apertura del juicio oral. El escrito, presentado este martes y firmado por los fiscales federales Ruth Hilgenberg y Patricio Nicolás Sabadini, pide penas de entre ocho y quince años de prisión para los imputados.

El hecho que originó la causa ocurrió el 18 de diciembre de 2025, alrededor de las 12:39, durante un operativo de incineración de estupefacientes organizado por la Policía del Chaco en el Polígono de Tiro policial, en una zona cercana al perímetro urbano de Colonia Benítez. Se quemaban secuestros de cinco expedientes del Juzgado Federal N°2 de Resistencia. Según la acusación, los entonces cabo primero Gustavo Andrés Quizama, subcomisario Franco Andrés Ramírez, cabo primero Juan Nicolás Almirón Núñez, cabo Néstor Ariel Urne Canteros y sargento Gustavo Jesús Acosta sustrajeron material del ámbito de custodia de manera coordinada.

La maniobra fue advertida por el secretario penal del juzgado, Martín Innocente, quien notó movimientos irregulares al trasladar uno de los secuestros hacia el móvil policial y pidió un nuevo pesaje. La diferencia resultó reveladora: la carga había bajado de ocho kilos setecientos gramos a siete kilos quinientos ochenta y cinco gramos. Con orden judicial, se requisó la camioneta Toyota Hilux utilizada en el traslado y se hallaron nueve "panes" de cocaína, con un peso total de nueve kilos cuatrocientos noventa gramos, ocultos bajo los asientos y dentro de una mochila. Su valor de mercado fue estimado en unos 142.350 dólares.

En la mochila de Urne Canteros apareció además un dato que la fiscalía destaca como parte del plan: un "pan" hecho con un material similar al yeso, que dio negativo en la prueba de campo y que, según la acusación, estaba destinado a reemplazar la droga sustraída para disimular el faltante.

El escrito atribuye la organización del operativo al comisario Rubén Héctor César Alegre, jefe de la División Operaciones Metropolitana de la Dirección de Consumos Problemáticos de la Policía del Chaco, a quien señala como quien coordinó el pesaje, el traslado y la quema del material.

Meses después, un peritaje sobre los teléfonos secuestrados amplió la causa. Los análisis, cruzados con información de las empresas de telefonía, comprometieron al cabo Gastón Ezequiel Villalba y al cabo primero Francisco Lucas Leonel García, lo que derivó en allanamientos y en su detención el 15 de abril de 2026. Según la fiscalía, García tenía a su cargo introducir la droga sustraída en el mercado ilícito, mientras que Villalba coordinaba tareas junto al resto del grupo. Entre las pruebas reunidas figura un chat de WhatsApp llamado "Los laaaaaru laaaaaru", integrado por Almirón Núñez, Urne Canteros, Villalba y una cuarta persona no identificada, donde circuló una foto tomada minutos antes del hecho.

La acusación encuadra la conducta de Alegre como organización de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por su condición de funcionario público, en concurso con peculado, y pide para él quince años de prisión. Para Ramírez, Quizama, Urne Canteros y Almirón Núñez —a quienes atribuye la sustracción directa— y para Acosta, la fiscalía solicita penas de entre ocho y doce años bajo la misma calificación agravada. Villalba y García, señalados por su participación en la tenencia posterior del material, enfrentan un pedido de ocho años cada uno, sin el cargo de peculado.

Los ocho continúan detenidos: seis en el Escuadrón 14 "Las Palmas" de Gendarmería, uno en el Escuadrón 18 "Las Lomitas" de Formosa y dos en la Delegación Resistencia de la Policía Federal. Con la presentación de la acusación, la causa queda en manos de la Jueza de Revisión, que deberá resolver sobre la apertura del juicio oral.