La firma santafesina Grassi ganó el proceso y asumirá el control de la agroexportadora

La agroexportadora Vicentin, una de las empresas más emblemáticas del sector cerealero argentino, tiene nuevo dueño. El juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, resolvió que la firma Grassi S.A. obtuvo las mayorías necesarias en el proceso de cramdown —un mecanismo de salvataje previo a la quiebra— y será quien asuma el control de la compañía. La decisión marca el cierre de una disputa que se extendió por más de cinco años y que había dejado a la histórica firma al borde de la disolución.

Grassi superó la propuesta presentada por el consorcio integrado por Molinos Agro (MOA) y Louis Dreyfus Company (LDC), logrando el 85% del capital y el 65,5% de adhesión de los acreedores. La empresa santafesina, fundada en 1943, ofreció un plan de continuidad productiva que incluye la conversión de créditos en dólares, esquemas de entrega de soja a diez años y un recupero de hasta el 200% mediante fideicomisos y anticipos en efectivo. "Ganamos de todas maneras. La gente de Vicentin quiere dejar de sufrir y volver a la normalidad", expresó Mariano Grassi, vicepresidente y CEO.

La definición judicial ocurre luego de un extenso proceso concursal iniciado a fines de 2019, cuando Vicentin acumuló pasivos superiores a USD 1.400 millones y suspendió pagos a miles de productores y entidades financieras. Su caída derivó en un fallido intento de expropiación impulsado por el gobierno de Alberto Fernández, que desató protestas y un fuerte debate político. Desde entonces, la empresa se convirtió en símbolo de la tensión entre el Estado, el sector privado y los mercados agroindustriales.

Con esta resolución, Grassi deberá afrontar los plazos legales de impugnación de cinco días y luego podrá avanzar formalmente en la toma de control. El grupo aseguró que invertirá en las plantas y garantizará la continuidad laboral de los trabajadores. Así, el caso Vicentin cierra una de sus etapas más conflictivas y abre un nuevo capítulo para la agroindustria argentina, con la mirada puesta en la reconstrucción de la confianza y el cumplimiento de los compromisos con acreedores y productores.