"Hoy al niño se lo usa como objeto para imponer condiciones", advirtió el subsecretario de Niñez

El subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Fernando Zamudio, describió el alcance del sistema de protección estatal y subrayó que la intervención pública se activa cuando las redes familiares no logran garantizar los derechos básicos de niños, adolescentes y adultos mayores. "El Estado actúa cuando falla el sistema en la familia", señaló.

Zamudio explicó que el trabajo de su área se organiza en torno a tres círculos de contención: la familia nuclear, la familia extendida y los referentes afectivos de la comunidad. "Buscamos que la prioridad sea la familia, porque el entorno familiar es el rol fundamental en la convivencia", afirmó. Según indicó, solo cuando estas instancias se agotan se evalúa una medida excepcional de resguardo, siempre comunicada a la Justicia.

En ese sentido, destacó que "buscamos todas las alternativas posibles para no desvincular a un menor de su familia" y que el horizonte de las políticas públicas es claro: "recuperar la familia". Para el funcionario, el sistema de protección no solo brinda contención inmediata, sino que también tiene un rol pedagógico: "sirve para cuidar los derechos y volver a enseñar valores mínimos".

Zamudio también advirtió que "al niño hoy se lo usa de objeto para imponer condiciones", una práctica que, según dijo, afecta el desarrollo emocional de los más pequeños. Insistió en que los primeros años de vida son fundamentales y que las intervenciones estatales buscan preservar el centro de vida de cada menor, es decir, el espacio donde desarrolla su vida cotidiana.

Respecto a la situación de calle, reconoció que en Resistencia se percibe un aumento de personas en esa condición, aunque diferenció entre casos "reales" y "circunstanciales". "Hoy personas en situación de calle no aceptan vivir en un refugio", explicó, en referencia a la autonomía de la voluntad que impide forzar ingresos. No obstante, aseguró que "tenemos asistencia permanente a más de 150 personas", a quienes se acompaña con alimentación, abrigo y espacios de contención.

Finalmente, recordó que las denuncias de vulneración de derechos pueden canalizarse a través del 102, el 911 o directamente en las instituciones educativas y de salud. "Todos tenemos el deber de denunciar", remarcó, y agregó que la corresponsabilidad entre familia, comunidad y Estado es la base de todo el sistema de protección.