Advierten que muchas denuncias por violencia de género son falsas y tienen fines económicos
La presidenta del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción alertó que los casos aumentan y muchas veces tienen como fin obtener beneficios materiales. En diálogo con N9, Florencia Ávila sostuvo que "no se trata de deslegitimar ninguna lucha, pero esta realidad también existe".

Florencia Ávila, presidenta del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial, aseguró en diálogo con N9 que se está registrando un incremento sostenido de denuncias falsas por violencia de género e integridad sexual, principalmente en localidades del interior chaqueño. Indicó que muchos de estos casos terminan sin resolución judicial porque se demuestra que los hechos denunciados no ocurrieron, y que en la mayoría de las situaciones el móvil es económico.
"No es algo nuevo, pero sí se está visibilizando más", señaló Ávila. La profesional explicó que el uso de denuncias infundadas afecta el buen funcionamiento del sistema judicial, en especial cuando están involucrados niños. "Existen situaciones donde menores terminan siendo rehenes de conflictos entre adultos, judicializados por falsas acusaciones", advirtió.
La abogada remarcó que este fenómeno no tiene que confundirse con una crítica al movimiento feminista ni a la necesidad de proteger a las verdaderas víctimas. "No se trata de deslegitimar ninguna lucha, soy una defensora del género, pero también existe otra realidad: la de hombres que son víctimas de denuncias falsas, y también a la inversa", aclaró.
Según Ávila, las sanciones actuales previstas en el Código Penal para estos delitos no resultan disuasivas. "Las penas por falsa denuncia o falso testimonio son muy bajas, son excarcelables y con multas irrisorias", sostuvo. En ese sentido, destacó que actualmente se encuentra en debate un proyecto de ley impulsado por la senadora Carolina Losada para endurecer las penas cuando haya menores involucrados o se utilice el sistema judicial con fines ilegítimos.
Respecto a los motivos más frecuentes, explicó que muchas veces se utilizan este tipo de recursos para obtener ventajas en conflictos de pareja, como la permanencia en una vivienda o la custodia de los hijos. "Cuando se dicta una medida de exclusión del hogar es muy difícil revertirla, y eso se transforma en una herramienta mal utilizada", indicó.
Finalmente, Ávila enfatizó que es necesario trabajar en la capacitación de todo el personal que interviene en estos procesos. "No se trata solo de castigar, sino también de que los equipos estén preparados para detectar estos casos. Se necesita formación en salud mental, perspectiva de género, de niñez y conocimientos en medicina forense. Es la única manera de evitar que el sistema sea usado de forma perversa", concluyó.
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