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Miércoles 11 de Noviembre, 2026
GOLPE JUDICIAL

La Justicia declaró inconstitucional la Ordenanza Tributaria de Nikisch

La Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró inconstitucional la norma que había impulsado el intendente Roy Nikisch con aumentos de hasta 100%.

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La Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Justicia Provincial declaró inconstitucional la Ordenanza Tributaria 2025, sancionada en octubre del año pasado en el Concejo Municipal de Resistencia. El fallo responde a un amparo presentado por concejales opositores que denunciaron irregularidades en el proceso de aprobación de la norma, la cual implicaba incrementos de entre 75% y 100% en los impuestos y tributos locales.

Las juezas María Virginia Serrano y Silvia Suárez remarcaron que la ordenanza, impulsada por el intendente Roy Nikisch, no cumplió con el procedimiento obligatorio de doble lectura ni con la convocatoria a audiencia pública, instancias consideradas esenciales por la Carta Orgánica Municipal. Según el fallo, esa omisión es suficiente para invalidar la medida, sin necesidad de analizar el resto de los planteos realizados por los demandantes, que también cuestionaban la falta de debate en comisión y la ausencia de información disponible.

En su resolución, el tribunal subrayó que la difusión y convocatoria a audiencia pública son pasos determinantes del proceso legislativo, y que el incumplimiento de este requisito afecta directamente la validez de la ordenanza. Por ello, dispuso la declaración de inconstitucionalidad de la norma N° 15.077 y dejó sin efecto la aplicación de la suba de tributos correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Tras conocerse la decisión, concejales de la oposición celebraron el fallo y aseguraron que confirma la forma de conducción que vienen denunciando desde el inicio de la gestión. "Nikisch gobierna desconociendo las reglas, marginando al Concejo y avanzando de manera autoritaria sobre decisiones que impactan en los vecinos", expresaron. También adelantaron que seguirán recurriendo a herramientas institucionales y jurídicas para frenar lo que consideran "atropellos" y para garantizar que se respete el rol del Concejo, así como los mecanismos de participación ciudadana previstos en la Carta Orgánica.

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