Los aportes del Tesoro, una herramienta política antes que fiscal

El veto presidencial a la ley que proponía modificar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) fue publicado en la madrugada del viernes. Ese mismo día, paradójicamente, el Gobierno giró $12.500 millones a cuatro provincias: Misiones recibió $4.000 millones, Entre Ríos y Santa Fe $3.000 millones cada una y Chaco $2.500 millones.

La contradicción es evidente. Mientras desde la Casa Rosada se insiste en que no hay recursos para asistir a los distritos, se producen envíos puntuales a ciertas jurisdicciones. El argumento de fondo del veto era que una ley que asegurara transferencias automáticas generaría un flujo incontrolable de fondos hacia las provincias. Sin embargo, con el esquema vigente, el Gobierno se reserva la posibilidad de decidir cuándo, cuánto y a quién se transfiere.

El ATN se constituye con un porcentaje de los impuestos nacionales, pero la distribución queda en manos exclusivas de la Nación. Esa triple discrecionalidad —tiempo, monto y destinatario— convirtió históricamente a este fondo en una herramienta política más que en un verdadero mecanismo para atender emergencias. Por eso, no sorprende que en los últimos diez años nunca se haya utilizado en su totalidad: una parte quedó siempre como caja del Tesoro.

El caso de Entre Ríos es ilustrativo. Fue la única provincia en recibir ATN en agosto y volvió a ser beneficiada en septiembre, totalizando $6.000 millones en apenas dos meses. En paralelo, es uno de los distritos donde existe una alianza electoral entre el gobernador y La Libertad Avanza. Lo mismo ocurre con Chaco, que recibió $2.500 millones luego de que su gobernador se mostrara cercano a la Casa Rosada.

En contraste, Santa Fe y Misiones aparecen como beneficiarias pese a mantener posturas críticas frente al oficialismo. Esto abre el interrogante sobre si se trata de pagos demorados por trámites administrativos o de una estrategia para dividir el frente opositor. En cualquier caso, el contexto político no puede soslayarse.

La esencia del debate es clara: los ATN nacieron para financiar emergencias, pero la falta de definición sobre qué constituye una emergencia y la ausencia de controles en su uso terminaron por convertirlos en fondos de libre disponibilidad, muchas veces usados para cubrir déficits financieros provinciales. Sin rendición de cuentas, las provincias pueden destinarlos al pago de salarios, proveedores o deudas, lo que refuerza su carácter discrecional.

El episodio post veto demuestra que el Gobierno prefiere mantener bajo su órbita una caja que le permite premiar aliados y condicionar críticos, en lugar de habilitar una distribución automática que garantice equidad. Así, los ATN siguen siendo un instrumento de poder antes que una política transparente para atender necesidades urgentes.