Chaco perdió $14 mil millones por el veto a los ATN

El reciente veto presidencial a la ley que buscaba distribuir automáticamente los Aportes del Tesoro Nacional confirma una decisión que ya se venía insinuando desde hace días. No se trató de un movimiento sorpresivo sino de una jugada política deliberada: se convocó a los gobernadores a una mesa federal de diálogo y, casi en paralelo, se les cerró la puerta a su principal reclamo, que era contar con esos fondos de manera previsible.

Los ATN representan el 1% de la masa de impuestos coparticipables que se recauda todos los meses. Por diseño, son recursos que pertenecen a las provincias, aunque la Nación tiene la facultad de distribuirlos según emergencias climáticas, financieras o de otra índole. El problema es que, históricamente, este fondo ha sido subejecutado. Siempre queda dinero sin repartir, aun cuando las necesidades de las provincias son evidentes.

El proyecto vetado buscaba justamente cambiar eso: pasar de un esquema discrecional a uno automático, en el que las provincias reciban lo que les corresponde sin depender de decisiones políticas. Para dimensionar la pérdida, basta mirar el caso del Chaco. Entre enero y agosto recibió apenas 2.500 millones de pesos en concepto de ATN, cuando debería haber accedido a unos 17.000 millones. La diferencia, más de 14.000 millones, es lo que hoy falta en las arcas provinciales para sostener programas, obras y salarios.

Se suele justificar el veto con la necesidad de "reservar" fondos para emergencias. Sin embargo, la experiencia reciente muestra otra cosa. Cuando hubo desastres naturales, como en Bahía Blanca, el gobierno nacional financió solo una parte de lo que se requería, pese a que había dinero disponible en el fondo. La realidad es que esos recursos se utilizan como ancla fiscal: no distribuirlos permite engrosar el superávit que la Nación exhibe mes a mes, aunque ese equilibrio se sostenga sobre recursos que tienen un destino específico.

Esto no es un debate meramente técnico. Para las provincias, los ATN significan la posibilidad de recomponer ingresos en un contexto de caída de la actividad y de recursos nacionales cada vez más debilitados. No se trata de "tapar agujeros" sino de sostener obra pública, mejorar salarios, financiar programas sociales y, en definitiva, impulsar el desarrollo.

Con el veto, la señal es clara: el gobierno nacional prefiere consolidar su superávit a costa de las provincias. Pero ese camino, lejos de recomponer la relación con los gobernadores, solo profundiza el conflicto. Las provincias necesitan fortalecer sus cuentas, y negarse a distribuir recursos que les pertenecen solo alimenta una tensión que seguirá creciendo.