Argentina a un paso del desacato en EE.UU. por el juicio de YPF
El país espera una resolución inminente de la Cámara de Apelaciones sobre la entrega del 51% de las acciones de la petrolera. Burford busca ejecutar el fallo millonario, mientras Argentina insiste en postergar el cumplimiento.

Una decisión trascendental se espera en las próximas horas por parte de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York en el juicio por la expropiación de YPF. La Justicia estadounidense debe resolver si Argentina está obligada a entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal al fondo Burford Capital, principal beneficiario del fallo que condenó al país a pagar más de 16.000 millones de dólares. Esta causa, iniciada hace más de una década, entró en una etapa clave que podría tener consecuencias financieras y diplomáticas para la Nación.
Luego del fallo de primera instancia emitido por la jueza Loretta Preska, Argentina apeló el veredicto, pero mientras se analiza la cuestión principal, Burford solicitó ejecutar una parte de la sentencia: apropiarse de las acciones. Aunque la entrega no implicaría la pérdida definitiva de la empresa, el país advirtió que se trata de un gesto de alto impacto simbólico y económico. El gobierno norteamericano intervino como amicus curiae y apoyó la posición argentina de suspender la transferencia hasta que se resuelva la apelación.
En paralelo, Burford presentó un escrito en el que se muestra dispuesto a aceptar garantías alternativas a las acciones de YPF, pero exigió que sean obligatorias si la corte accede al pedido de suspensión. La empresa considera que Argentina actúa con la única intención de dilatar el proceso y evitar cumplir con el fallo. Por su parte, el Estado argentino, que atraviesa una crisis interna en su equipo legal tras el despido de más de 60 funcionarios de la Procuración del Tesoro, sostiene que agotará todas las vías legales y que no negociará directamente con Burford.
En caso de que la Cámara no acepte la suspensión y el país se niegue a entregar las acciones, podría ser declarado en desacato por el tribunal estadounidense. Esa situación agravaría su ya frágil reputación internacional, complicaría el acceso a los mercados de deuda y debilitaría los esfuerzos del gobierno de Javier Milei por atraer inversiones extranjeras. La resolución judicial podría conocerse esta misma semana o, a más tardar, a comienzos de la próxima.
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