Chaco colocó un Título de Deuda por $ 52.000 millones
La emisión fue destinada exclusivamente a cancelar compromisos con FONPLATA y títulos internacionales.

La provincia del Chaco concretó este jueves 10 de julio una emisión de títulos de deuda pública por un total de $52.000 millones, con vencimiento en julio de 2026. La operación, enmarcada en la Serie 1 de estos instrumentos, obtuvo una demanda superior al monto ofrecido: se recibieron ofertas por $56.534 millones provenientes de 27 órdenes de inversores. Los fondos obtenidos tendrán como destino exclusivo la cancelación de compromisos asumidos en los años 2019 y 2021, entre ellos, préstamos con FONPLATA y un título reestructurado originalmente emitido en 2016 en los mercados internacionales de capitales.
Los títulos colocados devengarán intereses bajo una tasa nominal anual variable, compuesta por la tasa TAMAR —una referencia del Banco Central basada en depósitos mayoristas— más un margen adicional de 5,5%. A valores actuales, la tasa total asciende al 39% anual. Esta estructura refleja condiciones acordes al contexto actual del mercado, y fue bien recibida por los inversores, lo que permitió cubrir el 100% del monto buscado por el gobierno chaqueño en esta operación.
Los intereses serán pagados de manera trimestral en los meses de octubre, enero, abril y julio, iniciando en el décimo mes de 2025. En tanto, el capital será amortizado en un único pago al vencimiento, fijado para el 14 de julio de 2026. De este modo, la administración provincial logra despejar vencimientos cercanos sin comprometer recursos inmediatos, aunque suma nueva deuda en un escenario fiscal aún desafiante.
Esta colocación marca un nuevo capítulo en la estrategia de financiamiento de la provincia, que ya había reestructurado parte de su pasivo en 2021. La licitación se inscribe en un contexto de restricciones financieras nacionales, donde muchas jurisdicciones recurren al endeudamiento para cumplir con compromisos previos. La positiva recepción del mercado muestra una ventana de oportunidad para las provincias, aunque plantea también interrogantes sobre la sostenibilidad futura de los pagos.
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