La justicia argentina considera delito generar imágenes de abuso infantil con Inteligencia Artificial

Un fallo sin precedentes en la justicia argentina estableció que la generación de imágenes de abuso sexual infantil mediante Inteligencia Artificial constituye un delito penal, aún cuando no existan víctimas reales identificadas. La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Zárate-Campana, que rechazó el planteo de la defensa en una causa por distribución de representaciones sexuales de menores de edad. De este modo, el tribunal avaló que el artículo 128 del Código Penal, reformado por la Ley 27.436, permite perseguir penalmente este tipo de conductas aun si las imágenes fueron creadas digitalmente.

El caso se originó tras la denuncia contra un hombre acusado de publicar y difundir contenido de abuso sexual infantil en internet. La defensa argumentó que no se había probado la existencia de niños reales en las imágenes, y que estas podrían haber sido generadas mediante tecnologías como la Inteligencia Artificial o la CGI (imágenes generadas por computadora). Sin embargo, los camaristas Mariano Magaz, Humberto Bottini y María Pía Leiro rechazaron el planteo, y confirmaron la elevación a juicio. Los jueces entendieron que el término "representación" utilizado en la ley incluye cualquier imagen que sustituya a la realidad, sin importar su origen.

La jueza de Garantías Graciela Cione, que intervino en la etapa anterior, sostuvo que de la simple observación del material audiovisual se deducía la representación de niños y niñas de entre 3 y 13 años en situaciones explícitas, más allá de que no fueran identificables. A su vez, el tribunal advirtió que permitir la circulación de contenidos como los evaluados, aún si fueran generados artificialmente, implicaría normalizar la pedofilia, poniendo en riesgo el bien jurídico protegido: la libertad e integridad sexual de la infancia.

En cuanto a las pruebas periciales, se señaló que, aunque no se detalló si las imágenes correspondían a personas reales, los expertos confirmaron la existencia de archivos multimedia y sus metadatos asociados. El fallo sienta un precedente clave en el país para abordar los desafíos legales que plantea la explotación infantil en entornos digitales y marca un paso significativo en la adaptación del sistema judicial frente al uso delictivo de nuevas tecnologías.