Nación vs. Provincias: se recalienta la pelea por los fondos
Los gobernadores impulsan un proyecto para redistribuir el impuesto a los combustibles y automatizar el reparto de los ATN. El Gobierno nacional, en alerta por el impacto fiscal.
Nuevamente la cuestión de los recursos es la base del conflicto actual. La principal fuente de financiamiento de las provincias, que es la coparticipación federal, está mostrando debilidades producto de una recaudación tributaria nacional que no logra repuntar con fuerza. A eso, debe sumarse el hecho de que las transferencias presupuestarias, comúnmente llamadas discrecionales, continúan mostrando un fuerte recorte en la era Milei, limitando así el acceso a fondos por parte de los gobiernos provinciales. Ante esto, los gobernadores presentaron un proyecto de ley que contempla dos aspectos centrales que, a su criterio, "no afectan el equilibrio fiscal" del Gobierno nacional.
El primer punto de la propuesta: nueva distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos.
Actualmente, este impuesto forma parte de la masa coparticipable y se distribuye de la siguiente manera: el 28,69% va al sistema de Seguridad Social (ANSES); el 25,47% a las provincias; el 10,4% al Tesoro Nacional; el 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; el 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte; y el 2,55% a la Compensación del Transporte Público.
¿Qué plantean los gobernadores? Sostienen que la Nación no está ejecutando los fondos del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica (destinado a obras como redes de agua potable, cloacas y saneamiento) ni del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte (que debería financiar autopistas, rutas y su mantenimiento). En consecuencia, lo recaudado a través del impuesto está siendo retenido por el Tesoro Nacional, en detrimento de las provincias, que enfrentan un creciente deterioro en infraestructura hídrica y vial por falta de obras. Por ello, proponen eliminar ambos fideicomisos y redistribuir sus fondos a las provincias. De este modo, en lugar del 25,47% que reciben actualmente, pasarían a captar el 58,36% de lo recaudado por el impuesto, manteniéndose inalterados los porcentajes correspondientes a ANSES (28,69%), el Tesoro Nacional (10,4%) y Compensación al Transporte Público (2,55%). ¿Qué responde el Gobierno nacional? Aunque no hubo una respuesta oficial concreta, desde el Ministerio de Economía se señaló que el foco está puesto en si esta redistribución de recursos implicará también la delegación de las responsabilidades asociadas, como el mantenimiento de rutas nacionales. Si eso no se cumple, el Gobierno considera que el equilibrio fiscal podría verse comprometido, lo que llevaría a descartar la propuesta. La suma en disputa ronda los $1,8 billones que actualmente retiene el Tesoro Nacional y que las provincias buscan recuperar.
El segundo punto de la propuesta: distribución sistemática de los Aportes del Tesoro Nacional
Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) son fondos creados para asistir financieramente a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante situaciones de emergencia económica o social, o desequilibrios financieros imprevistos. El fondo de ATN se nutre con el 1% del total de la masa coparticipable, recibiendo así fondeo mensual. Sin embargo, su distribución no es automática sino discrecional: es el Gobierno nacional quien decide si los transfiere o no, y en qué volúmenes.
Frente a esto, los gobernadores propusieron que, mediante una reforma legal, se establezca un criterio claro de reparto: que los fondos se distribuyan de manera automática a las provincias según los coeficientes de coparticipación correspondientes. En otras palabras, pasar de un esquema discrecional a uno automático, para evitar que los recursos permanezcan subejecutados en el Tesoro.
Durante 2024, el Gobierno distribuyó apenas el 7% del fondo de ATN. El resto quedó como saldo en la cuenta escritural al cierre del año, es decir, en manos del Tesoro Nacional. Entre enero y mayo de 2025, se distribuyó solo el 22% del fondo, reteniendo el Tesoro el 78% restante. Si hubiera estado vigente el esquema propuesto por los gobernadores, las provincias habrían recibido $214.949 millones en los primeros cinco meses del año, en lugar de los $80.500 millones efectivamente girados. Además, todos los distritos hubieran accedido a parte del fondo, eliminando el uso discrecional de los ATN como herramienta de premio o castigo político. ¿Qué dice el Gobierno nacional? Aunque sin definiciones precisas, desde el Palacio de Hacienda reiteran que "no se avanzará en ningún proyecto que ponga en jaque el equilibrio fiscal". Sin embargo, la debilidad de este argumento radica en lo que oculta: una parte del superávit logrado por la administración nacional se basa en la retención de fondos que no le son propios, como los ATN, que por definición y origen pertenecen a las provincias.
