El Gobierno eliminó el plan de asistencia financiera a productores algodoneros
El Ejecutivo derogó el Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera mediante el Decreto 429/2025.

El Gobierno nacional decidió dar por terminado el Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera, una herramienta de acompañamiento económico a los productores del sector. La medida se formalizó este jueves a través del Decreto 429/2025, publicado en el Boletín Oficial, y responde a la finalización del Fondo de Compensación de Ingresos para la Producción Algodonera (FCIPA), cuya vigencia expiró sin renovación. El Fondo, previsto por la Ley 26.060, había sido prorrogado por última vez en 2014, por un nuevo período de diez años.
Desde el Poder Ejecutivo se argumentó que los recursos del FCIPA fueron íntegramente utilizados para la asistencia correspondiente a la campaña 2023-2024 y que no se prevé su reposición presupuestaria. Además, se advirtió sobre la "imposibilidad de instrumentar las herramientas" del régimen debido a las condiciones actuales del sector. En ese marco, el decreto establece la derogación tanto de la Ley 26.060 como de su decreto reglamentario, aunque aclara que los convenios ya suscritos entre el Estado nacional y las provincias seguirán vigentes bajo las condiciones pactadas.
El plan contemplaba mecanismos de previsibilidad para los pequeños y medianos productores algodoneros, entre ellos, el acompañamiento financiero del Estado en la contratación de seguros que cubrieran pérdidas por fenómenos climáticos, biológicos o geográficos. No obstante, dicha cobertura nunca pudo implementarse efectivamente, ya que las aseguradoras se rehusaban a ofrecer pólizas ante el alto riesgo que presenta el cultivo de algodón en determinadas regiones del país.
El cierre del FCIPA implica el desmantelamiento de una política de protección que buscaba amortiguar los vaivenes del mercado y brindar estabilidad a la actividad algodonera, históricamente ligada a economías regionales del norte argentino. La decisión se enmarca en la emergencia pública dictada por el Gobierno y en el paquete de reformas promovidas bajo la Ley Bases, que otorga amplias facultades para la revisión y derogación de regímenes estatales vigentes.
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