El Gobierno entrega viviendas del Procrear a fuerzas de seguridad pese a estar adjudicadas

El gobierno nacional oficializó este martes la entrega de 160 viviendas construidas bajo el programa Procrear a personal de las fuerzas federales de seguridad, pese a que las mismas ya habían sido sorteadas y adjudicadas a familias inscriptas en el plan. El acto se realizó en el partido bonaerense de Avellaneda, con la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El desarrollo urbanístico, ubicado en la intersección de las calles Intendente Luis Raúl Sagol y Mariano Acosta, había sido iniciado en 2021 como parte de una política pública destinada a garantizar el acceso a la vivienda.

La decisión oficial llega tras la disolución definitiva del fideicomiso Procrear, formalizada este lunes mediante la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía. Esta medida se suma a una serie de normativas previas que fueron desmantelando distintas herramientas del Estado para el acceso habitacional, como el Fondo de Integración Socio Urbana y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. El desarme progresivo de estas políticas, consolidado en los últimos meses, se realiza en el marco de un redireccionamiento de bienes públicos y la transferencia de su administración a entidades como la Agencia de Administración de Bienes del Estado o directamente a fuerzas federales.

Horas antes del acto, el edificio Sagol apareció con pintadas anónimas que expresaban el repudio social frente a la medida. Frases como "Bullrich usurpadora" o "Roban casas como en la dictadura" fueron escritas en los muros, en alusión a la entrega de propiedades que, hasta la semana pasada, pertenecían a familias adjudicatarias por sorteo. Desde la Policía Federal, se justificó la reasignación de las viviendas como parte de una "respuesta estructural" a las necesidades habitacionales del personal y se aseguró que los inmuebles serán administrados directamente por las fuerzas.

El Defensor del Pueblo de Avellaneda, DanielGarcía, también se pronunció en contra de la medida. "Denunciamos con gran indignación que las viviendas del plan ProCreAr en Avellaneda, que pertenecen a sus vecinas y vecinos, han sido entregadas de manera arbitraria a los militares", expresó el funcionario, y calificó el acto como una vulneración del espíritu original del programa, ideado para garantizar el derecho constitucional a un techo digno.

Luciano Scatolini, exsecretario de Desarrollo Territorial de la Nación y exfuncionario a cargo del Procrear, señaló que la medida forma parte de un "negocio oculto" que trasciende lo habitacional. Según afirmó, el cierre del programa esconde una estrategia para garantizar la continuidad del contrato con el Banco Hipotecario, controlado por el grupo IRSA, al que vinculó directamente con el actual presidente Javier Milei. Scatolini remarcó que el programa no solo era eficiente —con más de 65 mil créditos otorgados entre 2021 y 2023— sino que generaba ingresos sostenibles para el Estado, superiores a los 20 mil millones de pesos mensuales.

El impacto de la disolución no es menor: hasta fines de 2023, Procrear había generado más de 4 millones de metros cuadrados construidos, sostenía empleo formal y tenía un altísimo nivel de cumplimiento en sus créditos. La mayoría de sus beneficiarios eran familias jóvenes, con hijos menores a cargo y sin vivienda propia. La reasignación de estos inmuebles y la liquidación definitiva del fideicomiso representan un giro profundo en la política habitacional del país, en un contexto en el que miles de personas ven frustradas sus posibilidades de acceder a una casa propia, mientras se privilegia a sectores del aparato estatal en detrimento de la ciudadanía civil.