Un fallo en Italia reabrió la puerta a la ciudadanía para miles de argentinos
La decisión judicial marca un revés para la nueva política impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni y podría beneficiar a muchos italo-argentinos.
El reciente fallo del Tribunal Ordinario de Campobasso, en Italia, representa un giro inesperado en el proceso de acceso a la ciudadanía italiana para descendientes de inmigrantes. En respuesta al reclamo de tres argentinos cuyos trámites habían comenzado antes del cambio de normativa, la justicia determinó que el nuevo decreto no puede aplicarse retroactivamente, reconociendo su derecho a la ciudadanía desde el nacimiento. La medida supone un alivio para numerosos solicitantes que temían perder la posibilidad de obtener la doble nacionalidad tras la reforma impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni.
El decreto en cuestión, aprobado por el Consejo de Ministros italiano el 29 de marzo, introdujo una fuerte restricción al principio de ius sanguinis, limitando el derecho a la ciudadanía a hijos y nietos directos de italianos nativos. Esto excluye automáticamente a bisnietos y descendientes de generaciones posteriores, que hasta entonces podían acceder si demostraban el vínculo de sangre con documentación adecuada. También se incrementó el costo del trámite de 640 a 700 euros, y se endurecieron las condiciones para obtener la ciudadanía por matrimonio.
Sin embargo, la sentencia de Campobasso puso en duda el alcance de la reforma al establecer que quienes hayan iniciado su trámite antes de la entrada en vigencia del decreto no pueden ser afectados por las nuevas exigencias. En consecuencia, el tribunal ordenó que se reconozca la ciudadanía a los tres demandantes y que el Estado italiano asuma las costas del juicio. Este precedente judicial podría ser determinante en otras causas similares actualmente en curso, ya que sostiene el principio de no retroactividad de la ley.
Mientras tanto, el Parlamento italiano continúa debatiendo más de un centenar de enmiendas al decreto, cuyo destino se definirá antes del 27 de mayo. Si no se convierte en ley en ese plazo, quedará sin efecto. Pero si se ratifica tal como está, afectará a todos los expedientes iniciados o reactivados desde entonces. En este escenario incierto, el fallo judicial se convierte en una herramienta crucial para miles de italo-argentinos que mantienen vivas sus aspiraciones de obtener la nacionalidad italiana.
