El Mercado Frutihortícola recurrió a la Justicia para frenar la cesión de tierras al municipio: "acá trabajan 400 personas"

La cooperativa que gestiona el predio desde hace 45 años presentó un recurso de amparo y una medida cautelar ante la sorpresiva sanción de una ley provincial que transfiere el dominio del terreno a la Municipalidad de Resistencia, incluyendo la potestad de su gerenciamiento.

"Nos cayó muy, muy de sorpresa", afirmó Américo Barúa, presidente del mercado, en diálogo con Radio Nordeste. "Nunca fuimos convocados para participar ni se nos informó sobre la elaboración de este proyecto. Apenas nos enteramos, decidimos acudir a la Justicia", explicó.

Según detalló Barúa, el mercado se estableció en esas tierras mediante un comodato otorgado por la provincia por tiempo indefinido. En estos años, la cooperativa afirma haber realizado el 99% de las inversiones con fondos propios. "Hace más de 45 años que invertimos sin ayuda estatal. Hoy trabajan en el predio alrededor de 400 personas. No se trata de un terreno baldío: hay una empresa en funcionamiento", subrayó.

El conflicto escaló luego de que un legislador provincial informara públicamente sobre la aprobación de la norma. "El traspaso se concretó sin previo aviso y sin ninguna instancia de diálogo. A pesar de haber solicitado audiencias con el gobernador y el intendente desde noviembre del año pasado, nunca obtuvimos respuesta", sostuvo Barúa.

Ante esta situación, el juez Julián Flores convocó a una audiencia para el próximo martes 10 a las 11 de la mañana, con la presencia de representantes de la cooperativa, el gobierno provincial, la Cámara de Diputados y el municipio, además de un fiscal. La audiencia buscará generar un espacio de conciliación antes de la promulgación definitiva de la ley.

"Nosotros no estamos en contra del diálogo ni del ordenamiento legal, todo lo contrario", remarcó Barúa. "El 24 de noviembre del año pasado enviamos una nota al gobernador y al intendente solicitando formalmente la regularización de la tierra. Pero lo que no podemos aceptar es que se nos imponga una decisión sin participación, cuando llevamos décadas sosteniendo este espacio".

Consultado sobre el funcionamiento actual del predio, Barúa destacó que cuentan con controles permanentes del SENASA y con un departamento de bromatología municipal en funcionamiento. "Tenemos un ingeniero agrónomo del SENASA que supervisa el cumplimiento de normativas, y ofrecemos espacios físicos a unos 200 asociados, de los cuales el 40% son productores locales. No hay irregularidades", aseguró.

El dirigente insistió en que el objetivo principal del recurso judicial no es confrontar, sino forzar la apertura de una instancia de diálogo. "Queremos encontrar una solución. Creemos que todavía hay espacio para la política, para la razón y para el entendimiento", concluyó.