"Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias": fuerte rechazo al traslado del Mercado Central
Los trabajadores del predio, que gestionan el mercado desde hace casi medio siglo, presentaron medidas judiciales para frenar la aplicación de la nueva ley provincial. Denuncian que no fueron consultados y temen por la continuidad de su fuente de trabajo.
Una ley recientemente sancionada por la Legislatura provincial transfirió al municipio de Resistencia la propiedad del terreno donde funciona desde hace 48 años el Mercado Central frutihortícola, además de otorgarle la facultad de gerenciarlo. La medida generó fuerte preocupación en la cooperativa que actualmente administra el predio, cuyos integrantes se declararon en alerta y ya presentaron dos medidas cautelares y un recurso de amparo para frenar su aplicación.
"La cooperativa no es una improvisación. Tiene 45 años de vida y fue construida con esfuerzo de tres generaciones", afirmó a N9 Américo Barúa, referente histórico del espacio y uno de los fundadores de la entidad. "Nos enteramos de la ley prácticamente cuando ya había sido aprobada. Nadie nos consultó ni nos convocó al debate", lamentó.
"No somos intrusos"
Barúa explicó que la cooperativa se constituyó formalmente tras recibir en 1976 un comodato por tiempo indefinido del gobierno provincial, lo que les permitió desarrollar la infraestructura del mercado: "Hicimos ocho naves con 100 puestos, 27 depósitos y 30 cámaras de frío habilitadas. Es una inversión enorme, que no se puede desconocer".
Los cooperativistas aseguran que el traspaso del predio al municipio pone en riesgo la continuidad de un modelo autogestionado que no solo abastece a la capital chaqueña, sino también a cientos de fruterías de toda la provincia. "El 40% de nuestros asociados son productores de localidades como Makallé, Laguna Blanca, Colonia Benítez o Margarita Belén. Muchos pequeños comerciantes dependen de este mercado para vivir", remarcó Barúa.
Desde la aprobación de la ley, los miembros de la cooperativa intentaron entablar diálogo con las autoridades municipales y provinciales, pero aseguran no haber recibido respuestas. "Pedimos audiencias con el intendente y el gobernador. Hasta ahora, no hemos logrado que nos escuchen. Solo dialogamos con algunos diputados que se mostraron preocupados por el tema", señaló.
La principal inquietud pasa por el hecho de que la norma no solo transfiere el terreno, sino que otorga al municipio la potestad de gestionar el mercado. "Eso es lo que más nos alarma. El mercado lo gerencia la cooperativa desde siempre. No le generamos ningún gasto al municipio: nos hacemos cargo de la limpieza, tenemos equipos propios de riego, y hasta un departamento de bromatología propio que controla la sanidad de los productos todos los días", detalló.
"Nunca cerramos, ni en pandemia"
Barúa hizo hincapié en el carácter social y productivo del mercado, que emplea directamente a cientos de personas y sostiene la cadena frutihortícola local. "Nunca cerramos, ni en pandemia, ni en las peores crisis. No nos fuimos del país, seguimos acá, de pie. Por eso vamos a defender esto hasta las últimas consecuencias", advirtió.
El dirigente consideró que la medida contradice el discurso oficial de respaldo al sector privado. "Dicen que hay que fortalecer al privado para reactivar la economía, pero nos están desplazando con una ley que no pedimos. Sentimos que no se reconoce nuestro rol", agregó.
Por ahora, la cooperativa apuesta a que la vía judicial frene la aplicación de la norma, pero no descartan medidas de fuerza si no se abre una instancia de negociación. "No queremos romper nada. Queremos una salida dialogada. Pero vamos a defender nuestro trabajo y nuestra historia", concluyó.
