La UOM paró la actividad en las industrias tecnológicas de Río Grande

La eliminación de aranceles a la importación de productos electrónicos anunciada por el gobierno nacional desató una fuerte reacción en Tierra del Fuego. Desde este martes, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) mantiene un paro total en las plantas de Ushuaia y Río Grande como forma de protesta ante lo que consideran un ataque directo al régimen de promoción industrial que sostiene la economía y la vida cotidiana de gran parte de la población fueguina. La decisión del Ejecutivo, comunicada sin consulta previa a autoridades provinciales ni a trabajadores del sector, ya es calificada como un "golpe durísimo" para la matriz productiva local.

AlejandraMan, secretaria de Industria fueguina, señaló que la medida no solo pone en riesgo más de 7 mil puestos de trabajo vinculados a la fabricación de celulares, sino que también amenaza la estabilidad de unas 30 mil personas. "No hubo mesas de trabajo, ni diálogo institucional. Solo anuncios y consecuencias", lamentó. Para la funcionaria, el problema no es solo económico: "Se impuso este discurso del costo fiscal que representa el régimen y su supuesto impacto en todos los argentinos. No creo que sea así. Tierra del Fuego es territorio nacional, y la gente también hace soberanía".

Desde el Congreso de Delegados de la UOM, la respuesta fue inmediata: paro total y movilización. En un comunicado, los trabajadores advirtieron que "no permitirán que más de 45 años de desarrollo y lucha se desmoronen por decisiones unilaterales que responden a intereses ajenos a los de nuestra comunidad". La medida de fuerza, respaldada por el Secretariado Nacional del gremio, continuará de forma indefinida hasta que se obtenga una resolución favorable que garantice la continuidad del régimen industrial y de los derechos laborales.

El Gobierno, por su parte, justificó la decisión en términos de competitividad de mercado. El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que la eliminación de los aranceles permitirá reducir hasta un 30% el precio de celulares y otros dispositivos electrónicos. Mientras tanto, el ministro Federico Sturzenegger reconoció que podría haber pérdida de empleos, pero aseguró que el ahorro en el consumo tendría un impacto positivo general en la economía. Sin embargo, este tipo de lógica no contempla las realidades específicas de territorios como Tierra del Fuego, donde la producción no es una opción, sino una necesidad estratégica para el desarrollo y el arraigo poblacional.

"Estamos ante una responsabilidad histórica", señalaron desde el gremio. Y no se trata de una exageración: la promoción industrial fueguina no solo implica beneficios impositivos, sino un modelo de ocupación territorial, generación de empleo y producción nacional en una de las zonas más australes del mundo. Atentar contra ese esquema, sin planificación ni gradualidad, implica mucho más que una decisión técnica: supone dejar en manos del mercado una discusión que atraviesa la soberanía y la integración federal del país.

El gobernador Gustavo Melella también se pronunció contra la medida, que calificó como parte de una agenda dictada por el Fondo Monetario Internacional. En línea con los reclamos sindicales, aseguró que el régimen debe sostenerse para evitar un colapso económico regional. Mientras tanto, empresarios nucleados en AFARTE también expresaron su preocupación, aunque algunos de ellos reconocieron que una reducción de impuestos internos podría mejorar la competitividad si se lograra alguna fórmula que preserve el empleo y no dinamite el régimen. La discusión apenas comienza, pero el daño parece haberse puesto en marcha sin retorno.