Comenzó un nuevo juicio contra Aída Ayala por presunta malversación durante la era Macri

Aída Ayala volvió a ocupar este miércoles un lugar en el banquillo de los acusados, esta vez en el marco de un juicio oral por presunta malversación de fondos públicos. La exintendenta de Resistencia y exsecretaria de Asuntos Municipales durante la gestión de Mauricio Macri está acusada de haber intervenido en una maniobra para beneficiar a un empresario cercano con recursos del programa nacional Mi Pueblo.

De acuerdo al expediente judicial, la operatoria se habría concretado a través de un convenio firmado en 2016 con el entonces jefe comunal de Quitilipi, Sergio Casalboni. Ese acuerdo permitió la adquisición de herramientas y maquinaria con sobreprecios a la firma Service Hogar, propiedad de Claudio Tolosa, señalado como beneficiario directo de las contrataciones. El Ministerio Público sostiene que las decisiones fueron direccionadas de manera deliberada desde el área que Ayala comandaba.

Junto a la exfuncionaria, también están siendo juzgados dos de sus antiguos colaboradores,Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, además del propio Tolosa. Para la Fiscalía, los cuatro formaban parte de una estructura destinada a ejecutar y encubrir la operación irregular, y anticipó que solicitará una condena de hasta seis años de prisión para Ayala.

El proceso judicial se inició este miércoles y contempla la declaración de una treintena de testigos. Entre ellos figuran dirigentes de peso como el actual gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el exintendente de Resistencia, Jorge Capitanich. Se prevé que el juicio tenga una duración inferior al mes, aunque su desarrollo podría extenderse dependiendo del ritmo de las audiencias.

La acusación está en manos del fiscal federal Federico Carniel, quien ya había intervenido en la causa Lavado II, en la que Ayala fue condenada en mayo de 2024 a tres años de prisión condicional por hechos similares. En aquella oportunidad, la Justicia la encontró responsable de beneficiar con contratos millonarios a empresas sin respaldo técnico ni financiero, aunque fue absuelta por el delito de lavado de activos, fallo que luego fue apelado por la Fiscalía.