La Cámara Federal de Resistencia confirmó el fallo que obliga a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 11

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó una sentencia de primera instancia que ordena a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) reparar de forma urgente un tramo crítico de la Ruta Nacional 11, que atraviesa los departamentos Vera, San Javier y General Obligado, en la provincia de Santa Fe.

La resolución, firmada por los jueces Rocío Alcalá y José Luis Aguilar, rechaza el recurso presentado por el organismo nacional y ratifica el fallo dictado el 10 de marzo de 2025 por el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, en respuesta a una acción de amparo promovida por el diputado provincial Dionisio Fernando Scarpin.

Fallo inédito: intimaron a Vialidad a que repare la Ruta 11 porque "su estado es calamitoso"

El legislador radical impulsó la demanda tras sufrir la rotura de dos neumáticos en dicho tramo, lo que lo llevó a denunciar el "estado calamitoso" de la calzada. Según relató, realizó un relevamiento in situ el pasado 1 de mayo y tomó fotografías del trayecto que aún no fue intervenido. Luego, envió una intimación formal a Vialidad Nacional para exigir explicaciones sobre el faltante de las obras comprometidas.

"La situación no solo no mejoró, sino que en algunos sectores sigue siendo un peligro latente. Es indispensable que se cumpla con el mandato judicial para evitar nuevas tragedias", expresó Scarpin a través de sus redes sociales.

En su fallo, la Cámara señaló que el recurso de apelación de Vialidad fue "inadmisible" y destacó que, dada la naturaleza de los derechos involucrados, "corresponde privilegiar la tutela judicial efectiva por sobre meras cuestiones formales". Además, se ordenó al organismo presentar informes bimestrales que den cuenta del avance de los trabajos.

Vialidad Nacional había argumentado que la acción de amparo fue interpuesta fuera del plazo legal, y que las demoras obedecen al incumplimiento por parte de la empresa contratista. No obstante, el tribunal consideró que "la obligación de mantener la vía en condiciones de seguridad no puede ser delegada" y que la responsabilidad recae directamente sobre el Estado nacional.

El juez Alurralde advirtió, además, que la apelación no tiene efecto suspensivo, por lo que el incumplimiento podría configurar el delito de desobediencia judicial. "La Ruta Nacional 11 es un bien público. Su deterioro afecta directamente a la seguridad de miles de personas que transitan a diario", subrayó el magistrado.

El caso ha generado repercusión en otras provincias, donde también se han iniciado reclamos similares. La resolución podría marcar un precedente en materia de infraestructura vial y obligaciones estatales en el mantenimiento de rutas nacionales.