Noticiero 9

Piquetes en Resistencia: «defendemos el derecho a circular», dicen desde el Municipio

La problemática de los piquetes y los cortes de tránsito en la ciudad de Resistencia continúa sin vistas de solución, y cada vez crece en frecuencia y en complicaciones hacia la ciudadanía, mientras, por otro lado, autoridades provinciales y municipales no terminan de ponerse de acuerdo respecto de cómo afrontar el problema.

Recientemente, la ministra de Seguridad del Chaco, Gloria Zalazar, manifestó, en diálogo con Radio Nordeste, que para el gobierno provincial, en función de leyes vigentes sobre el tema, el piquete “no es un delito”, sino una falta. Y por lo tanto, cada vez que ocurre un corte de calle, se activa un protocolo que consiste en avisar al Juzgado de Faltas para que, a su vez, este notifique a los manifestantes y los intime a desalojar las calles. Solo si la justicia lo dispone, presumiblemente ante la negativa de despejar el tránsito, se da intervención a la policía. 

Todo este embrollado procedimiento, a juicio de Giselle Lavagno, abogada y asesora del área Legal y Técnica del Municipio de Resistencia, no funciona. El ministerio de Seguridad se escuda en una ley provincial que establece un protocolo de actuación, y que circunscribe el corte de calle a un marco contravencional. Para Lavagno: “hoy es claro que esa aplicación de esa reglamentación no es efectiva”.

Desde el municipio entienden que, más allá de que la Constitución nacional y provincial protegen el derecho a manifestarse; la interrupción del tránsito, la privación del derecho al acceso a transporte público y los daños y agresiones que muchas veces acompañan a estas manifestaciones, enmarcarían a los piquetes dentro del ámbito penal. “Nosotros seguimos entendiendo que es la justicia penal, el fiscal en turno, el que debe en este caso tomar cartas en el asunto”, sostuvo Lavagno, amparándose en el Código Penal de la Nación, que tipifica como delito la interrupción del servicio de transporte, entre otros. Además, cuenta la abogada, la vinculación con otros delitos como agresiones y daños a comercios o vehículos particulares, y sumado al hecho de la concurrencia de niños y carros a los piquetes, hacen que se generen situaciones de peligro y riesgo, tanto para las personas que circulan como para los propios manifestantes.

Por lo pronto, el Municipio insiste en esa vía y continúa recolectando material probatorio para apoyar las ya más de 50 presentaciones que vienen realizando frente a la justicia penal por el tema piquetes. “En febrero hemos batido el récord de presentaciones”, contó Giselle Lavagno: “estamos viendo que ya no son una vez a la semana [los cortes], sino que se realizan diariamente”.

“Estamos convencidos de que existen los fundamentos legales para decir que es un delito”, remarcó. “Más allá de la previsión de la que habla la ministra, y de la notificación, los manifestantes no la acatan. Es imposible prever un despeje”.

A casi un mes del discurso del gobernador Jorge Capitanich, que habló en el inicio de sesiones legislativas acerca del “hartazgo social” por los piquetes, y la necesidad de establecer mesas de diálogo para atacar el problema, aún no se han visto mayores medidas para afrontar la situación. Ni se han formado mesas de diálogo ni se han propuesto leyes que modifiquen el accionar de las distintas autoridades frente a los cortes de calles. Restará ver si en este año electoral el tema despierta el interés de la política, para poder así arribar a una solución frente a un problema de larga data en la provincia y que afecta el día a día de los ciudadanos.

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