Así lo dio a conocer el fiscal Guillermo Marijuan, titular de la Unidad Fiscal para la investigación de delitos relativos a la seguridad social.
En la provincia de Corrientes había 518 empleados de la administración central que cobraban el beneficio social que es incompatible con el empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios.
En este sentido también es incompatible con «el ingreso y la permanencia en el Programa para aquellas personas que realicen alguna prestación social y/o de empleo en el estado provincial, municipal o en organizaciones no gubernamentales cuyas tareas suplante la actividad propia de los empleados de los mismos».
Fiscal Federal Marijuan
La investigación comenzó en noviembre del año pasado y el fiscal Marijuan solicitó a los fiscales y magistrados de distintos lugares que «se proceda a ordenar al área del Ministerio de Capital Humano, que actualmente gestiona el Programa Potenciar Trabajo, que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del Programa» para «hacer cesar los efectos del delito procediendo a la suspensión y/o baja de estos beneficios percibidos en clara transgresión a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de su creación».
Desde el Ministerio de Capital Humano, ya dieron de baja 4.588 planes sociales del todo el país.
