El Gobierno suspendió el show de Milo J en la exESMA y desplegó un fuerte operativo policial
La presentación del disco "166" del artista se iba a realizar en el Espacio Memoria y Derechos Humanos con entrada gratuita, pero una medida judicial impulsada por el Gobierno impidió su realización.
A pocas horas del show gratuito de Milo J en la exESMA, la Justicia, a pedido del Gobierno de Javier Milei, ordenó suspender el evento. La decisión fue tomada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5, que dio lugar a la cautelar presentada por la Secretaría de Derechos Humanos. La medida generó sorpresa y malestar entre los organizadores y asistentes, que ya habían agotado las entradas para la presentación de la edición de lujo del disco *166*.
El Gobierno argumentó que el evento carecía de la debida autorización, basándose en la Ley 26.415 que regula el Espacio Memoria y Derechos Humanos. Sin embargo, desde el directorio de la exESMA señalaron que se trató de una decisión inconsulta y que desconocía la autonomía del organismo. Además, remarcaron que en el predio se han realizado diversas actividades culturales en el pasado sin necesidad de intervención del Ejecutivo.
Horas antes de la suspensión, se registró una fuerte presencia policial en los alrededores y dentro del predio. Organismos de derechos humanos denunciaron que se trató de un operativo intimidatorio, lo que sumó tensión a la situación. La convocatoria a la conferencia de prensa para explicar lo sucedido reflejó la preocupación de los organizadores, quienes consideraron que la medida sentaba un precedente sobre el uso del espacio.
Milo J confirmó la suspensión a través de un vivo en Instagram, visiblemente afectado por la situación. En su mensaje, pidió a sus seguidores que se retiraran pacíficamente del lugar y advirtió sobre la presencia de efectivos de seguridad listos para intervenir si intentaban ingresar. "Tienen preparados policías afuera para que si entra la gente repriman", expresó el artista, quien también mencionó que el Gobierno había presentado documentación con información errónea sobre cuestiones de seguridad del evento.
La suspensión del recital generó diversas reacciones. Mientras el Gobierno defendió la medida como una cuestión administrativa, desde distintos sectores señalaron que la decisión afectó a miles de jóvenes que esperaban asistir a un evento cultural de acceso libre. El carácter simbólico del lugar, vinculado a la memoria y los derechos humanos, también sumó cuestionamientos sobre la intervención estatal en un sitio autárquico.
