Más de 4.000 vecinos demandan a la DPEC por tarifazo: "ha atacado no solo el bolsillo, sino la dignidad de los correntinos"

Más de 4.000 vecinos y vecinas de la provincia han decidido unirse en una demanda colectiva contra la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) y el gobierno de Gustavo Valdés, en respuesta al aumento de tarifas del servicio eléctrico. Esta iniciativa, impulsada por la organización "La Corriente, Justicia Tarifaria", busca la anulación del decreto gubernamental que autorizó los nuevos cuadros tarifarios.

El abogado Juan Manuel Cubilla Podestá, quien encabeza la demanda, declaró que el tarifazo "ha atacado no solo el bolsillo, sino la dignidad de los correntinos", subrayando que muchas familias deben destinar más del 50% de sus ingresos solo para cubrir el costo de la energía eléctrica. "Hemos escuchado testimonios desgarradores de jubilados con ingresos de 300.000 pesos que deben pagar facturas de 150.000, lo que los deja en una situación desesperante", agregó.

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Según los impulsores del amparo, la crisis energética en la provincia no es un fenómeno reciente. La DPEC ha estado intervenida durante más de 25 años y las denuncias por falta de inversión, cortes frecuentes y baja tensión son recurrentes. En este contexto, la nueva suba tarifaria ha sido percibida como un golpe adicional a una situación ya crítica.

"El tarifazo en Corrientes se suma a los aumentos nacionales, pero aquí la falta de inversión y transparencia agrava el problema. No solo pagamos tarifas excesivas, sino que también sufrimos cortes constantes y equipos quemados por baja tensión", explicó Cubilla Podestá.

El impacto del incremento tarifario se siente en todos los sectores de la sociedad. El movimiento "La Corriente, Justicia Tarifaria" ha reportado que más de 2.000 personas no pudieron sumarse al amparo debido a los altos costos de transferencia de medidores y otros trámites administrativos, que pueden superar los 135.000 pesos.

La situación es particularmente grave en los sectores más vulnerables. "Para un jubilado, contar con aire acondicionado no es un lujo, sino una necesidad para evitar golpes de calor. Sin embargo, con estas tarifas, mantener un ventilador encendido se vuelve un privilegio", sostuvo el abogado.

El amparo colectivo presentado busca que la justicia provincial anule el decreto que autoriza los aumentos y establezca un nuevo cuadro tarifario acorde a la realidad económica de la población. Además, los demandantes esperan que la causa continúe sumando adhesiones en marzo, cuando se prevé una nueva etapa de incorporación de afectados.

Por su parte, el gobierno provincial ha sostenido que el aumento responde a la necesidad de actualizar las tarifas y garantizar la sostenibilidad del servicio. No obstante, los vecinos insisten en que el ajuste no ha sido acompañado por mejoras en la infraestructura ni por políticas de subsidio que alivien la carga para los sectores más afectados.

"Este amparo es un antes y un después en la defensa de los derechos de los consumidores en Corrientes. La gente ha demostrado que está dispuesta a movilizarse cuando se atenta contra su calidad de vida", concluyó Cubilla Podestá.

Paralelamente al amparo, se han convocado movilizaciones en distintas localidades de la provincia. Organizaciones sociales y sindicales han expresado su apoyo a la causa, denunciando que el tarifazo impacta también en comercios y pequeñas industrias, poniendo en riesgo empleos y economías familiares.

Los manifestantes exigen también mayor transparencia en la gestión de la DPEC y una auditoría sobre el destino de los fondos recaudados por el organismo en las últimas décadas. "No podemos permitir que nos sigan exprimiendo sin rendir cuentas. Queremos saber qué hicieron con nuestro dinero y por qué seguimos teniendo un servicio tan deficiente", expresó uno de los manifestantes durante la última marcha en la ciudad de Corrientes.

El expediente ya ha sido presentado en la justicia, y se espera una resolución en las próximas semanas. Mientras tanto, los vecinos continúan organizándose y sumando adhesiones a la causa, convencidos de que esta acción colectiva marcará un precedente en la defensa de los derechos de los consumidores en Corrientes.