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Miércoles 11 de Noviembre, 2026
Chaco

La justicia Federal ratificó la condena a un empresario chaqueño por trata de personas y explotación

El tribunal dictaminó además que el empresario deberá pagar una indemnización mayor a las víctimas, que fueron explotadas laboralmente durante casi 10 años.

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La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena impuesta al empresario chaqueño J. C. Foschiatti por delitos relacionados con la explotación laboral bajo la modalidad de trata de personas. 

El tribunal, compuesto por los jueces Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, desestimó el recurso de casación presentado por la defensa del acusado, confirmando así la sentencia previa.

La resolución judicial también atendió al planteo efectuado por el defensor público de las víctimas, Gustavo Vargas, quien cuestionó el punto referente a la indemnización. En consecuencia, se dispuso la anulación de dicho apartado y se remitieron los expedientes al tribunal de origen para que emita un nuevo fallo conforme a derecho y a las pruebas presentadas durante el proceso.

En noviembre pasado, Foschiatti fue condenado a una pena de cinco años de cárcel por su participación en delitos de trata de personas con el propósito de explotación laboral, agravados por el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Además de la condena penal, se había ordenado el pago de una indemnización destinada a compensar los salarios no percibidos por las víctimas, calculados desde julio de 2012 hasta octubre de 2021.

Sin embargo, la Sala IV de Casación consideró inadecuado el criterio empleado para la distribución de la indemnización entre las víctimas. El fallo disponía el "pago en concepto de asistencia y reparación" equivalente a los salarios caídos en la categoría "peón", desde 2012 hasta 2021. Este monto debía ser repartido en partes iguales entre las víctimas.

La representación de los demandantes argumentaron que dividir el monto en partes iguales no se ajustaba a la realidad de los hechos probados en el juicio, ya que no todos los períodos de explotación fueron idénticos para ambas víctimas. Por lo tanto, se determinó la anulación de esta disposición y se solicitó un nuevo pronunciamiento que refleje de manera precisa los perjuicios sufridos por cada afectado.

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