Iniciarán una demanda judicial colectiva contra DPEC: "las facturas son impagables"
En la provincia de Corrientes, los aumentos de tarifas de electricidad aplicados por la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) han desatado una serie de reacciones entre los ciudadanos, que consideran las boletas impagables. En respuesta a esta situación, un grupo de vecinos ha iniciado una acción judicial colectiva para anular los aumentos, con el acompañamiento del abogado Juan Manuel Cubilla Podestá, quien representa a los usuarios afectados.
"La situación es realmente alarmante", afirmó Cubilla Podestá en entrevista con Noticiero 9. "Las facturas de luz que están llegando a los hogares y comercios son impagables. Un empleado público con un salario de menos de un millón de pesos al mes no puede afrontar alquileres de 300.000 pesos y una factura de electricidad de 150.000 pesos, mucho menos los costos de otros servicios y alimentos", agregó el abogado, refiriéndose a las dificultades económicas que atraviesan los correntinos debido a los tarifazos.
La campaña para recolectar firmas y documentación, que se está llevando a cabo en varias localidades de la provincia, ha sido organizada a través de las redes sociales bajo el nombre La Corriente Justicia Tarifaria. Los ciudadanos interesados en unirse al reclamo deben presentar una boleta de la DPEC y su DNI, y pueden acercarse a los voluntarios encargados de recolectar la información.
Cubilla Podestá explicó que la solicitud ante la justicia será para "declarar la nulidad de la resolución del interventor de la DPEC y los decretos firmados por el gobernador Gustavo Valdés que permitieron estos aumentos desproporcionados". En su opinión, la medida del gobierno provincial representa una carga insoportable para la población, especialmente para aquellos que ya enfrentan dificultades económicas. "Los jubilados, por ejemplo, se ven completamente desbordados. Un jubilado que recibe la mínima, ¿cómo puede pagar 180.000 pesos de luz?", cuestionó el abogado.
El movimiento ha sumado rápidamente apoyo en toda la provincia, con más de 500 personas que se inscribieron en las primeras horas del lanzamiento de la campaña. "Esperamos llegar a 10.000 personas", dijo Cubilla Podestá, confiando en que la medida judicial tendrá un fuerte impacto. Los organizadores esperan que esta acción judicial sea un precedente importante, no solo en Corrientes, sino en toda la región del noreste argentino, que ha sido severamente afectada por los aumentos en las tarifas de electricidad.
"Esta es una medida contundente que busca garantizar tarifas justas para todos los correntinos. Si no logramos que los responsables comprendan la situación, nos veremos obligados a tomar medidas más drásticas", advirtió el abogado.
Los ciudadanos que deseen sumarse a la causa pueden obtener más información a través de las redes sociales La Corriente Justicia Tarifaria, donde encontrarán los detalles para acercarse y firmar los documentos necesarios. La fecha límite para la adhesión es la primera semana de febrero, cuando la acción judicial será presentada ante los tribunales provinciales.
