¿Qué es un juicio político y cómo se lleva adelante en Paraguay?

¿Qué es un juicio político y por qué puede iniciarse?

En Paraguay, el juicio político es el procedimiento que le permite al Congreso decidir si corresponde destituir a una de las máximas autoridades del Estado. El artículo 225 de la Constitución establece tres motivos para iniciarlo: el mal desempeño de las funciones, un delito cometido en el ejercicio del cargo o un delito común. El mal desempeño es una causal por sí misma: el Congreso puede evaluar cómo actuó el funcionario aun cuando los hechos que se le atribuyen no constituyan un delito.

La Constitución identifica a quiénes alcanza este mecanismo: el presidente y el vicepresidente de la República, los ministros del Poder Ejecutivo y los de la Corte Suprema de Justicia. También pueden ser sometidos a juicio político el fiscal general del Estado, el defensor del Pueblo, el contralor general de la República, el subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

¿Quién acusa y cuántos votos hacen falta?

El primer paso corresponde a la Cámara de Diputados. Allí se presenta el llamado libelo acusatorio, el escrito que detalla los hechos que se le atribuyen al funcionario y los motivos por los que se pide su destitución. Para que la acusación avance, deben votar a favor al menos dos tercios de los diputados presentes. Si están presentes 78, por ejemplo, hacen falta 52 votos. Una vez aprobada la acusación, Diputados la presenta ante el Senado y el funcionario sigue en su cargo mientras se tramita el juicio.

En la segunda etapa, el Senado juzga al acusado en un juicio público. Los diputados designados para sostener la acusación exponen los cargos y el funcionario tiene derecho a conocerlos y a presentar su defensa. Para declararlo culpable y destituirlo, se necesitan 30 votos de los 45 senadores. En esta instancia, los dos tercios se calculan sobre la totalidad de las bancas: aunque haya ausencias, la cantidad de votos exigida sigue siendo 30.

¿Qué efectos tiene el fallo y qué pasa si el presidente renuncia?

Si el Senado reúne los votos necesarios, el funcionario queda separado del cargo. Si los hechos apuntan a la posible comisión de un delito, se remiten los antecedentes a la Justicia ordinaria, que debe determinar si existe responsabilidad penal. Para un presidente elegido democráticamente hay, además, otra consecuencia: el artículo 189 de la Constitución excluye de la condición de senador vitalicio a quien haya sido declarado culpable en un juicio político.

En el caso de Santiago Peña, los 78 diputados presentes votaron este jueves 5 de noviembre a favor de acusarlo en medio de la crisis de Ueno Bank. Ese mismo día, el mandatario presentó su renuncia. Se trata de dos decisiones distintas: el Senado juzga la acusación, mientras que el Congreso debe aceptar o rechazar la renuncia, según el artículo 202 de la Constitución. La sesión conjunta convocada para tratar la dimisión se levantó por falta de quórum, por lo que la renuncia quedó pendiente de resolución.