Tirón de orejas a un juez por archivar sin análisis una internación involuntaria
Un joven de 19 años estuvo internado contra su voluntad durante dos días en la Clínica San Gabriel. El juzgado cerró el expediente sin revisar la medida. El Órgano de Revisión de Salud Mental apeló y la Cámara le dio la razón.
La Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial ordenó revisar si fue legal la internación involuntaria de un joven de 19 años en la Clínica San Gabriel. El juzgado de primera instancia había dado por cerrada la causa sin analizarla, con el argumento de que el paciente ya había recibido el alta.
La sentencia, firmada el 7 de octubre por las camaristas Eloísa Barreto y Wilma Martínez, revocó una resolución del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N°3, a cargo de Juan Pablo Lubary. Ese juzgado había declarado abstracto el expediente de control de legalidad.
La internación ocurrió entre el 17 y el 19 de febrero de 2025. Según el informe de la clínica, el joven fue externado después de una evaluación psiquiátrica que descartó riesgo para sí mismo o para terceros. Con ese dato, el juzgado consideró que no quedaba nada por resolver y cerró el caso el 19 de marzo de ese año.
La decisión fue apelada por Carina Sforza, secretaria ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental del Chaco. Sforza cuestionó que se hubiera archivado el proceso sin verificar si la internación había cumplido los requisitos legales.
Una medida excepcional
En el fallo, las juezas recordaron que la internación involuntaria es una medida de carácter restrictivo. Solo puede justificarse cuando existe un riesgo cierto e inminente de daño grave para la persona o para terceros.
La Ley Nacional de Salud Mental 26.657 fija un procedimiento específico para controlar estas internaciones. Exige notificar a la Justicia y al Órgano de Revisión, y que el juez evalúe la medida en un plazo máximo de tres días desde la notificación.
Para la Cámara, que el paciente haya sido externado no vuelve abstracta la pregunta sobre la legalidad de su internación. El control, señalaron, debe abarcar la medida desde sus fundamentos iniciales, siga o no la persona alojada en la institución.
El tribunal citó como antecedente la Sentencia 195 del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, del 18 de julio de 2025. Ese fallo ya había establecido que una simple declaración de abstracción es insuficiente en este tipo de procesos y que los jueces deben pronunciarse expresamente sobre la legalidad o ilegalidad de la internación, aunque haya terminado.
Lo que exige la ley
Las camaristas también repasaron el artículo 41 del Código Civil y Comercial. Según esa norma, toda internación involuntaria debe basarse en una evaluación interdisciplinaria y aplicarse solo si no hay una alternativa menos restrictiva. Además, debe garantizar el debido proceso, el control judicial inmediato y el derecho de defensa.
A eso se suma el artículo 239 del Código Procesal de Niñez, Adolescencia y Familia del Chaco. Ese artículo obliga al juez a convalidar la internación si se cumplen los requisitos, pedir informes o peritajes si hacen falta, o rechazar la medida si sus presupuestos no están acreditados. La decisión debe comunicarse al Órgano de Revisión.
"Concluimos que en la internación involuntaria, si bien es decidida por el equipo de salud, corresponde de inmediato el control judicial", sostuvieron las juezas. Explicaron que ese control busca garantizar los derechos de la persona internada y que el juez debe actuar de oficio para asegurar el debido proceso.
También subrayaron que esa función de control inmediato "tiene raigambre constitucional". Por eso, agregaron, el magistrado debe tomar las medidas urgentes que la situación requiera, en línea con los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, igualdad, tutela judicial efectiva y debido proceso.
De vuelta al juzgado
La Sala Primera ordenó devolver el expediente al juzgado de origen para que se pronuncie sobre la internación del joven en la Clínica San Gabriel. Para eso, deberá analizar las constancias de la causa y emitir una resolución expresa.
El fallo no declaró que la internación haya sido ilegal. Lo que estableció es que esa cuestión todavía debe ser examinada por la Justicia, porque el alta médica no termina con la obligación de controlar si se respetaron las garantías de la persona afectada.
