Becaria logró que el STJ anule un fallo por un error del Estado

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco declaró la nulidad de una sentencia que había dictado en 2023 y que negaba a una trabajadora, identificada con las iniciales E. M. B., el pase a planta permanente. Los jueces Néstor Varela, Iride Grillo, Alberto Modi, Víctor Del Río y Emilia Valle concluyeron que aquel fallo se apoyó en un informe erróneo del Ministerio de Desarrollo Social y que el Estado no aportó el documento clave pese a haber sido intimado a hacerlo. Con la decisión, conocida este lunes 12 de octubre, el Tribunal admitió la acción autónoma de nulidad presentada por la mujer.

El conflicto se inició en diciembre de 2020, cuando la trabajadora presentó un amparo contra el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) y el Gobierno provincial. Pedía ser incorporada a la planta permanente según la ley 6.655 (hoy 1873-A), que regularizó a quienes estaban vinculados al Estado, bajo modalidades como contratos de servicios o becas, al 31 de julio de 2010. El juzgado laboral rechazó el pedido por falta de prueba y la Cámara de Apelaciones del Trabajo lo revirtió, pero el STJ anuló lo dispuesto por la Cámara y confirmó el rechazo. Para ello fue determinante el informe del Ministerio de Desarrollo Social, que aseguraba que no existía ningún antecedente de una beca de la trabajadora desde 2010.

Sin embargo, en octubre de 2024 la mujer volvió a pedir información al Ministerio y esta vez recibió la Resolución N° 1436, del 8 de junio de 2010, que autorizaba el pago de becas a integrantes de movimientos sociales y que la incluía en la planilla anexa, en el número 351. Con ese documento, presentó el 13 de noviembre de 2024 la acción de nulidad. El IPDUV y la Fiscalía de Estado plantearon que había llegado fuera de plazo y que la sentencia ya era cosa juzgada, pero el STJ rechazó esos argumentos: explicó que el plazo es de un año y se cuenta desde que la persona conoce el vicio, es decir, desde que recibió la resolución, por lo que la acción fue presentada a tiempo.

El Tribunal sostuvo que el punto central del amparo era acreditar si la trabajadora tenía una beca vigente al 31 de julio de 2010 y que allí se produjo el "error esencial". Los jueces criticaron la conducta de la Provincia, que no actuó con lealtad, probidad y buena fe y, pese a ser intimada de manera fehaciente a presentar el documento, no lo hizo, lo que generó una indefensión material para la mujer. Remarcaron, además, que el Estado no puede ocultar un documento decisivo ni exigir al particular que lo presente si este no tiene acceso a él. El STJ no ordenó todavía el pase a planta: dispuso que la Secretaría Contencioso Administrativa N° 2 del propio Tribunal dicte un nuevo pronunciamiento, teniendo en cuenta la Resolución N° 1436 y el resto de la documentación. La trabajadora sostuvo que, luego de 15 años de trabajo ininterrumpido, su vínculo no fue renovado.