Alquileres, góndolas y prepagas: qué cambiaría si Diputados rechaza el DNU 70/2023
La oposición convocó a una sesión especial para el jueves 15 de octubre. Si Diputados lo rechaza, como ya hizo el Senado en 2024, el decreto perderá vigencia.
La Cámara de Diputados tratará el jueves 15 de octubre, a las 14, el futuro del DNU 70/2023, una de las principales normas de la primera etapa del gobierno de Javier Milei. La sesión especial fue pedida por ocho bloques opositores, que además incluyeron en el temario la prórroga de la emergencia en discapacidad y proyectos sobre endeudamiento familiar.
El Senado ya había rechazado el decreto el 14 de marzo de 2024. Según la ley que regula los DNU, solo queda derogado si lo rechazan ambas cámaras, por lo que un voto negativo en Diputados lo dejaría sin vigencia.
Para lograrlo, la oposición necesita reunir 129 diputados para el quórum y luego una mayoría simple en el recinto. Los bloques que firmaron el pedido suman 122 contando a todos sus integrantes, siete menos que el número necesario. Desde Casa Rosada sostienen que, si quieren derogar el decreto, tendrán que conseguir el quórum por sus propios medios.
El escenario cobró fuerza tras el reciente fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras. El martes, el tribunal rechazó por cuestiones procesales el planteo del CECIM, un centro de excombatientes de Malvinas, contra la derogación de esa norma. Con eso quedó vigente el artículo 154 del decreto, que eliminó las restricciones para que extranjeros adquieran tierras rurales. La Corte no analizó la constitucionalidad de ese artículo, pero el fallo reactivó en el Congreso la discusión sobre el decreto completo y no solo sobre ese capítulo.
Qué podría cambiar
El DNU 70/2023 modificó o derogó centenares de disposiciones y, en algunos casos, leyes completas. Si cae, habrá que definir cuáles recuperan vigencia y qué ocurre con los contratos y actividades desarrollados desde fines de 2023. La Ley 26.122 deja a salvo los derechos adquiridos durante la vigencia del decreto, y hay juristas que sostienen que las leyes derogadas no revivirían de forma automática, sino que haría falta sancionar una nueva.
En alquileres, el decreto derogó la Ley 27.551 y modificó el Código Civil y Comercial para ampliar la libertad de las partes. Hoy se puede pactar el plazo, la moneda y los mecanismos de actualización. Un rechazo reabriría el debate sobre el régimen anterior y sobre los contratos firmados en este período.
También quedarían bajo revisión las normas de obras sociales y medicina prepaga. El decreto cambió el régimen de elección de obra social para los trabajadores y eliminó restricciones que alcanzaban a las cuotas de las prepagas. Habría que determinar qué disposiciones anteriores recuperan vigencia y cómo se articulan con las normas sancionadas después.
En alimentos y comercio, el DNU derogó la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas, y modificó parcialmente el régimen de Compre Argentino. La primera daba al Estado herramientas para intervenir en precios y abastecimiento. La segunda fijaba reglas de exhibición para garantizar espacio a productos de pymes y otros proveedores.
En comercio exterior, el decreto modificó el Código Aduanero y derogó normas que restringían ciertas operaciones. También estableció que las prohibiciones de exportación deben quedar sujetas a condiciones específicas. Volver al esquema anterior implicaría revisar ese marco.
Las empresas públicas son otro capítulo. El DNU modificó el régimen de las sociedades estatales y habilitó su transformación en sociedades anónimas, en línea con la política de privatizaciones del Gobierno. Si el rechazo es definitivo, esos cambios quedarían alcanzados, aunque el impacto dependería de las normas y actos posteriores sobre cada empresa.
En telecomunicaciones, el decreto facilitó la prestación de internet satelital y la llegada de nuevos operadores. Su caída abriría una revisión regulatoria para las empresas que ingresaron o ampliaron operaciones bajo ese esquema.
El capítulo laboral tiene una particularidad. Varios de sus artículos fueron cuestionados en la Justicia y, además, en 2026 el Congreso sancionó la Ley de Modernización Laboral (27.802). Por eso, un eventual rechazo no implicaría volver en bloque al régimen de diciembre de 2023, y la situación habría que analizarla disposición por disposición.
Con la sesión convocada, Diputados podría completar el trámite parlamentario iniciado hace casi tres años. El resultado definirá el futuro del DNU 70/2023 y el marco legal que reemplazaría a varias de las desregulaciones centrales impulsadas por Milei desde el inicio de su gestión.
