El ginecólogo acusado de abuso tiene una causa de 2020 por aborto sin consentimiento
Dos de las presentaciones de 2026 fueron calificadas como delitos contra la integridad sexual y quedaron radicadas en el Equipo Fiscal N° 2 de Resistencia. La tercera figura como denuncia, sin que la carátula especifique el delito.

Las denuncias contra el ginecólogo de Resistencia identificado con las iniciales G. K. no serían las primeras. Según surge del registro de expedientes judiciales consultado este miércoles 30 de septiembre, el profesional suma tres denuncias en 2026, además de una presentación de 2022, que fue archivada, y de una causa iniciada en 2020. Esta última fue caratulada como aborto sin consentimiento de la mujer en grado de tentativa agravado.
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De las presentaciones de este año, dos fueron calificadas como delitos contra la integridad sexual y quedaron radicadas en el Equipo Fiscal N° 2. La tercera figura simplemente como denuncia, sin que la carátula detalle el delito. La principal fue formulada por una joven de 26 años, que se constituyó como querellante y es representada por el abogado Hernán Cordón. Según relató, el médico le repitió una ecografía transvaginal a las dos semanas de la primera consulta y, en ese estudio, la práctica habría ido más allá de lo necesario. Cordón había señalado que otras dos mujeres realizaron presentaciones formales contra el profesional.


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Por su parte, el abogado defensor Zacarías Issolio sostuvo que la práctica cuestionada se realizó según los protocolos médicos habituales y que lo que se discute es la naturaleza del acto médico. Aseguró que cuenta con prueba documental que respalda su versión y que la aportará a la fiscalía. Además, cuestionó que la exposición del caso en redes sociales y la "tergiversación de algunos aspectos médicos" le causaron al profesional una afectación penal y profesional.
El ginecólogo permanece en libertad, y su defensa busca demostrar su arraigo y la ausencia de riesgos procesales para que continúe así durante todo el proceso. Corresponderá ahora a la fiscalía determinar si los hechos denunciados constituyen un abuso, una mala praxis u otro delito. Cabe recordar que, en todos los casos, rige el principio de inocencia hasta tanto exista una sentencia firme.
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