La Corte Suprema puso un freno a las denuncias anónimas en redes
El fallo advierte que el anonimato y el alcance masivo de las redes pueden dañar el honor, la intimidad y el derecho de defensa de las personas señaladas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó identificar a los administradores de dos cuentas anónimas que difundieron en Facebook e Instagram acusaciones contra un estudiante de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). En un fallo dictado este miércoles, el máximo tribunal también dispuso eliminar esas publicaciones y fijó un precedente sobre los alcances y los límites de las denuncias realizadas en redes sociales.
La decisión hizo lugar a un planteo de hábeas data presentado por un alumno de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE), identificado en el expediente con las iniciales F.C. Las publicaciones mostraban su nombre y su fotografía y lo calificaban de "abusador, manipulador psicológico y machista". Además, difundían detalles de una relación sentimental que el joven había mantenido con otra estudiante, cuya identidad no trascendió.
Los posteos salieron de una cuenta de Facebook llamada "Comisión de Género de la FaHCE" y de un perfil de Instagram denominado "comisiondegeneros". Sin embargo, la propia UNLP informó que esas cuentas no eran institucionales ni contaban con autorización de sus autoridades.
En su demanda, F.C. sostuvo que participaba como militante social en reclamos por el aborto legal, la violencia de género y los femicidios. También afirmó que, a partir de las publicaciones y de afiches con su imagen que aparecieron en la facultad, sufrió exclusión social, destrato y distanciamiento de personas de su entorno, con consecuencias sobre su actividad docente.
Un recorrido judicial con idas y vueltas
En primera instancia, la Justicia había dado la razón al estudiante. Pero la Sala III de la Cámara Federal de La Plata revocó esa decisión: consideró que las publicaciones eran una denuncia política de interés público y que, por lo tanto, estaban protegidas por la libertad de expresión.
La Corte revirtió ese criterio. Según el fallo, el contenido no era una declaración de principios ni una denuncia política, sino una suerte de "escrache público virtual" que dejó al joven sin posibilidad de defenderse y puso en riesgo su honor y su intimidad. Para llegar a esa conclusión, los jueces tuvieron en cuenta que la publicación identificaba al estudiante, mostraba su foto, no estaba firmada y simulaba provenir de un organismo universitario.
El tribunal reconoció que la violencia de género es un asunto de interés público y que el Estado tiene la obligación de prevenirla, investigarla y erradicarla. Aun así, aclaró que ese objetivo no habilita cualquier tipo de difusión. En ese punto, la sentencia recordó que la UNLP cuenta desde 2015 con un protocolo de actuación ante situaciones de discriminación y violencia de género, que es el canal formal para este tipo de denuncias.
Los votos de los jueces
El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, advirtió que las redes sociales, por su alcance masivo y la posibilidad del anonimato, se ofrecen como "un escenario ideal para multiplicar exponencialmente el daño potencial". También sostuvo que ser militante social no convierte automáticamente a una persona en figura pública, y que las referencias a la relación sentimental y a la vida sexual del joven pertenecían a su esfera privada.
Carlos Rosenkrantz, por su parte, consideró que la relevancia del debate sobre la violencia contra las mujeres no justifica, por sí sola, cambiar las pautas que la Corte aplica para ponderar derechos constitucionales. En la misma línea, Ricardo Lorenzetti cuestionó que la presencia en redes o la participación en actividades de interés colectivo permitan considerar pública a una persona y dar por hecho que renunció a su privacidad.
Qué datos deberá entregar la empresa
Con esta resolución, Facebook Argentina S.R.L., filial local de Meta, deberá informar los datos disponibles de los titulares de ambas cuentas: correo electrónico, direcciones IP, fecha, hora y tipo de dispositivo utilizado.
El fallo pone el foco en una práctica cada vez más extendida en las redes y en el derecho de toda persona señalada a saber quién la acusa para poder ejercer su defensa.
