Una jueza porteña declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad
La magistrada Laura De Marinis sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo y cuestionó la aplicación del nuevo régimen penal juvenil. La decisión alcanza únicamente a este caso y se convirtió en el segundo fallo judicial contra la normativa.
Una jueza del fuero Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires declaró, para un caso concreto, la inconstitucionalidad del artículo 1 de la nueva Ley 27.801, que establece la responsabilidad penal juvenil desde los 14 años. La magistrada Laura De Marinis, además, sobreseyó a un adolescente de esa edad acusado de participar en una tentativa de robo.
El hecho investigado ocurrió cuando un hombre de 47 años denunció que cinco jóvenes intentaron abordarlo en la vía pública para robarle. Según su relato, uno de ellos le exigió que entregara su celular, pero logró escapar y pedir ayuda a un policía. El robo no llegó a concretarse y no hubo lesiones físicas.
Al analizar el caso, De Marinis sostuvo que la aplicación del nuevo régimen resultaba regresiva en estas circunstancias y cuestionó que un adolescente de 14 años fuera incorporado al sistema penal en lugar de recibir una intervención desde el sistema de protección integral de derechos. La resolución tuvo en cuenta tanto las características del hecho como la situación particular del menor.
La magistrada fundamentó su decisión en los principios de progresividad, prohibición de regresividad, proporcionalidad e interés superior del niño, además de normas constitucionales y tratados internacionales. En consecuencia, dispuso el sobreseimiento del adolescente y ordenó dar intervención al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para garantizar una intervención estatal desde el sistema de protección.
El fallo no implica la suspensión general de la Ley 27.801 ni declara su inconstitucionalidad para todos los casos. La decisión se limita al adolescente involucrado en este expediente. Se trata, además, del segundo pronunciamiento judicial contrario al nuevo régimen, luego de una resolución dictada en Lomas de Zamora que había suspendido su aplicación en la provincia de Buenos Aires, aunque posteriormente fue revocada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro.
