Librerías piden declarar la emergencia para el sector ante la falta de ventas
La Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines advirtió por la caída de las ventas y el aumento de los costos operativos. Reclama medidas fiscales y financieras para sostener a los comercios independientes.

La Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA) declaró la "emergencia librera" a nivel nacional y solicitó medidas para sostener la actividad, ante el deterioro registrado en los últimos años. El planteo surge de un relevamiento realizado sobre unos 1.200 comercios independientes de todo el país.
Según los datos difundidos por la entidad, entre enero-agosto de 2023 y el mismo período de 2026, la cantidad de ejemplares vendidos cayó un 25%, mientras que la facturación real disminuyó un 41,5%. Al mismo tiempo, los costos operativos relevados aumentaron un 31,1% en términos reales.


Los pedidos del sector
Ante este escenario, FALPA reclamó a los gobiernos nacional, provinciales y municipales medidas de apoyo para las librerías independientes. Entre sus propuestas figuran la devolución del crédito fiscal de IVA y el acceso a líneas de financiamiento con tasas blandas para afrontar el endeudamiento.
También solicitaron una tarifa federal reducida para el envío de paquetes, con el objetivo de facilitar la circulación de publicaciones de editoriales provinciales y reducir las diferencias de costos frente a las plataformas de comercio electrónico.
La Fundación El Libro expresó su respaldo al pedido de emergencia y señaló que la caída de la facturación y el incremento de los costos afectan a una red de librerías que, según la entidad, cumple un papel en el acceso al libro y la lectura en distintas localidades del país.
El antecedente de la Ley del Libro
El reclamo se produce después de que el Gobierno nacional retirara de su agenda la propuesta para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, que establece un precio uniforme de venta al público para los libros. La decisión fue informada en agosto, luego de que la iniciativa formara parte de la agenda de desregulación impulsada por el Ejecutivo.
La norma establece un sistema de precio uniforme para la comercialización de libros y su eventual modificación había generado posiciones contrapuestas entre distintos actores del sector editorial y librero.
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