"Vamos a tener un incremento de causas": así se prepara la Justicia de Niñez ante el nuevo Régimen Penal Juvenil

A pocos días de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el país, el juez Juan Pablo Lubary, titular del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Penal N°3 de Resistencia, explicó en diálogo con Noticiero 9 cómo se está implementando la reforma en la Primera Circunscripción judicial del Chaco y qué cambios concretos trae para los adolescentes en conflicto con la ley.

El magistrado contó que, antes de que la ley entrara en vigencia, los distintos jueces ya habían empezado a reunirse con la Policía, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa para coordinar el trabajo conjunto. "Nosotros ya estamos trabajando normalmente, entendemos que es bastante probable que exista un incremento de causas", señaló.

Ese incremento, explicó, responde a dos cambios centrales de la Ley 27.801: hasta ahora los juzgados de niñez intervenían con chicos de entre 16 y 17 años, y con la baja de la edad de punibilidad ahora también actúan con adolescentes de 14 y 15 años. Además, la nueva normativa se aplica a todos los delitos previstos en el Código Penal, mientras que la ley anterior solo alcanzaba a los hechos con pena privativa de la libertad superior a los dos años.

Consultado sobre si un régimen más severo alcanza para combatir el delito adolescente, Lubary fue tajante: "Está probado que bajar la edad de imputabilidad por sí sola no reduce el delito". Para el juez, hace falta un trabajo articulado de políticas públicas a largo plazo, y la baja de la edad solo tendría sentido en casos muy graves —homicidios, abusos sexuales con acceso carnal o reiterancia delictiva— donde la intervención judicial resulta más eficaz que un abordaje meramente administrativo.

Sobre si la ley apunta a castigar o a reinsertar al adolescente, el magistrado remarcó que dependerá de cómo la aplique cada juez y de la jurisprudencia que se construya, aunque aclaró que la propia norma exige interpretarla en conjunto con los tratados internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing. En ese sentido, valoró que la reforma actualiza un régimen —la Ley 22.278— que llevaba 46 años sin cambios, y que incorpora herramientas ya utilizadas en la práctica, como la mediación penal juvenil, la suspensión del juicio a prueba y una mayor participación de las víctimas.

Respecto de qué ocurre si un adolescente es declarado responsable de un delito, el juez explicó que debe cumplir la eventual condena en un instituto especializado mientras sea menor de edad, y que recién al alcanzar la mayoría de edad sería trasladado a un establecimiento penitenciario para adultos. Aclaró que ese instituto específico todavía no está disponible en la provincia: dijo no haber sido notificado formalmente, aunque supo por medios de comunicación que se estaría adaptando un complejo para ese fin, todavía en obra y con refacciones pendientes.

En cuanto al lugar de alojamiento actual, el magistrado señaló que en toda la provincia del Chaco los adolescentes son derivados a la Aldea Tres Horquetas, dispositivo que hoy alberga a un promedio de 10 u 11 chicos y que, según indicó, todavía tiene capacidad disponible para recibir a más jóvenes.

Sobre la resolución de una jueza de la provincia de Buenos Aires que suspendió por 60 días la aplicación del nuevo régimen en ese territorio, Lubary evitó opinar sobre un caso que dijo no conocer en detalle, pero remarcó que, si el motivo fue la falta de espacio físico para alojar a más adolescentes, resulta lógico que se determine primero dónde alojarlos antes de ampliar la cantidad de casos. Consultado en términos generales sobre si es sano para la democracia que la Justicia frene la puesta en marcha de leyes aprobadas por el Congreso, sostuvo que depende de cada caso concreto y recordó que la Constitución Nacional, a través del artículo 75 inciso 22, otorgó rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos.

Por último, el juez señaló que, según lo que conoce a través de sus colegas, no se registró en los últimos años un aumento significativo del delito juvenil en términos porcentuales a nivel nacional. Sin embargo, remarcó que el problema del consumo de estupefacientes, cada vez más accesible desde la década de 1990, disparó una serie de delitos en cascada entre los más jóvenes, como hurtos, robos, hechos de violencia y abusos.