Descubrieron una trama de obras fantasma en escuelas que le costó más de $5 millones al Estado

El Gobierno del Chaco resolvió aplicar la sanción de exoneración a cuatro agentes del Ministerio de Educación tras una investigación administrativa que reconstruyó una maniobra para simular obras de reparación, mantenimiento y mejoras en escuelas de la provincia. Los trabajos, según determinó el expediente, nunca se llevaron a cabo pese a que existía documentación que buscaba acreditarlos.

La medida alcanza a Ubaldo Fabián Núñez, María Isabel Torres, Alcides Arístides Bernal y Mauro Ariel Kalbermatten, cuatro empleados que se desempeñaban en distintas áreas del Ministerio y que quedaron bajo sumario a partir de una serie de irregularidades detectadas en la documentación utilizada para justificar las supuestas intervenciones en establecimientos educativos.

La investigación reconstruyó operaciones que se remontan a 2017 y detectó expedientes que no figuraban en los registros oficiales, firmas y sellos falsificados y 79 órdenes de pago vinculadas con trabajos que, según las actuaciones, no se habían realizado. El perjuicio económico inicial para el Estado provincial fue calculado en $5.243.717 de aquel momento, una cifra que deberá actualizarse.

El expediente tuvo un alcance distinto según la situación laboral de cada agente. Núñez, Torres y Bernal ya no estaban en actividad, por lo que se dispuso dejar asentado en sus legajos que les habría correspondido la exoneración de haber continuado en funciones. Kalbermatten, en cambio, seguía activo y fue exonerado de manera efectiva a partir de su notificación.

Además, el decreto habilitó a la Fiscalía de Estado a avanzar con las acciones necesarias para procurar la recuperación del dinero involucrado en la maniobra.

El desconocimiento de unas rendiciones abrió la investigación

Uno de los primeros elementos que dio origen a la reconstrucción del expediente estuvo relacionado con rendiciones correspondientes a 2017. César Gabriel Lemos, quien en ese momento se desempeñaba como subsecretario de Infraestructura Escolar, desconoció como propias determinadas rendiciones y documentación que se le atribuían.

Ese desconocimiento llevó a profundizar el análisis de los papeles utilizados para justificar los supuestos trabajos en los establecimientos educativos. A partir de ahí empezaron a aparecer otras inconsistencias: firmas que no correspondían a los funcionarios a quienes se atribuían, sellos que no coincidían con las matrices oficiales y documentación respaldatoria que no podía vincularse con expedientes existentes en los registros administrativos del Ministerio.

Una pericia caligráfica confirmó después que las firmas atribuidas a Lemos en la documentación analizada no habían sido hechas por él. El estudio también detectó distintos sellos utilizados para identificar a una misma autoridad y determinó que varios documentos —entre ellos presupuestos y facturas de las supuestas contrataciones— presentaban características de escritura compatibles con una única autoría.

Expedientes fantasma y pagos por obras que no existieron

La investigación también identificó documentación correspondiente a trámites que no tenían registro dentro del Ministerio, lo que habría permitido armar un circuito paralelo para sostener administrativamente contrataciones y pagos. A eso se sumaron inconsistencias entre las fechas en que se solicitaban los gastos y la disponibilidad presupuestaria real.

Ese mecanismo derivó en 79 órdenes de pago por tareas que, de acuerdo con el expediente, nunca se ejecutaron: reparaciones y mantenimiento, limpieza y desmalezado, y trabajos sobre instalaciones eléctricas y sanitarias en distintas escuelas. Al cruzar la documentación con la situación real de los establecimientos, se concluyó que esas tareas no se habían realizado.

Dentro de ese circuito también se utilizó el sistema SAFyC —Sistema de Administración Financiera y Control, la herramienta que emplea la Provincia para su gestión administrativa y contable—, a través del cual las órdenes de pago se generaron con las claves funcionales correspondientes, lo que les dio una apariencia formal de legalidad.

Qué rol tuvo cada agente sancionado

El sumario analizó la intervención de cada uno de acuerdo con sus funciones. Núñez era director de Administración y tenía a su cargo distintos controles sobre los expedientes, la disponibilidad presupuestaria y el cumplimiento de los procedimientos; se le atribuyeron incumplimientos vinculados con esas tareas y con la falta de detección de las irregularidades.

Torres estaba al frente del área de Contrataciones, encargada de seleccionar y contratar proveedores y controlar la documentación correspondiente. El expediente cuestionó los controles sobre esas contrataciones y también hizo referencia a un vínculo familiar entre un proveedor y un agente que debía haber sido informado.

Bernal, responsable del área Contable, intervino en la emisión de las órdenes de pago y quedó bajo la lupa por los controles sobre gastos, imputaciones presupuestarias, anticipos, retenciones y rendiciones. Kalbermatten, que se desempeñaba en Contrataciones, fue señalado por su intervención en la documentación del circuito investigado y por no haber informado vínculos familiares con un proveedor.

Dos de los agentes ya tenían condena penal firme

La vía administrativa no fue el único camino que siguió el caso. El expediente tomó como antecedente una causa penal resuelta por la Sentencia N° 148/2025 de la Cámara Tercera en lo Criminal, que quedó firme y fue considerada por la administración provincial al momento de definir las sanciones disciplinarias.

Según esa sentencia, Bernal recibió una condena de dos años de prisión de ejecución condicional por fraude contra la administración pública y violación de los deberes de funcionario público, mientras que Kalbermatten fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por falsificación y uso de instrumento público falso y fraude contra la administración pública provincial. La resolución también menciona condenas a otras personas vinculadas con los mismos hechos.

Con la exoneración ya resuelta, el expediente administrativo quedó cerrado. Ahora será la Fiscalía de Estado la que deberá avanzar con las acciones legales para intentar recuperar los más de $5 millones que, según la investigación, la Provincia pagó por obras que nunca se hicieron.