Nueva normativa exime a salones de fiesta del pago de derechos musicales a SADAIC
A través de un decreto, el Gobierno modificó la ley de propiedad intelectual, redefiniendo el concepto de "ejecución pública" de obras musicales
El Gobierno argentino ha introducido cambios en la legislación que regula la propiedad intelectual y el cobro de cánones por el uso de música en espacios privados. El decreto 765/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial, modifica la definición de "ejecución pública" en el contexto de la Ley N° 11.723, adaptándola a los avances tecnológicos y prácticas actuales.
La nueva normativa establece que la ejecución pública se refiere a la reproducción de obras musicales en espacios de acceso público dirigidos a una pluralidad de personas, independientemente de sus fines. Esta definición excluye expresamente las representaciones que ocurren en ámbitos privados, sean de ocupación permanente o temporal. Como resultado, salones de fiesta, hoteles, bares y restaurantes quedarán exentos del pago de derechos a entidades como SADAIC, AADI y CAPIF cuando la música se reproduzca en eventos privados.
El decreto también introduce el concepto de "remuneración equitativa" para los titulares de derechos cuando sus obras son utilizadas en establecimientos que obtienen un beneficio económico directo o indirecto por su ejecución pública. Además, amplía la definición de ejecución pública para incluir transmisiones por medios electrónicos o digitales, como Internet, reflejando la creciente importancia de estas plataformas en la difusión de obras musicales, cinematográficas y fonográficas.
Sin embargo, la nueva legislación mantiene la protección de los derechos de autor en espacios públicos. Ninguna obra musical, cinematográfica o fonográfica podrá ser ejecutada públicamente o transmitida por cualquier medio sin la autorización expresa de los titulares de derechos, sus representantes o las sociedades de gestión colectiva correspondientes. Asimismo, se exime del pago cuando la reproducción tenga carácter didáctico o se trate de conmemoraciones patrióticas en establecimientos educativos oficiales o autorizados por el Estado.
Cabe señalar que algunos aspectos de la nueva normativa aún requieren clarificación, como los mecanismos específicos de pago para los autores y la determinación de qué publicaciones en Internet estarán sujetas al pago de derechos. Estas cuestiones no están detalladas en el decreto y podrían ser objeto de futuras regulaciones o interpretaciones.
