Argentina lidera la mora del sector privado en América Latina y ya quedó cerca de Nigeria
Aunque la morosidad descendió levemente en junio después de 19 meses consecutivos de subas, el alivio estuvo vinculado al cobro del aguinaldo y a un nivel récord de refinanciaciones, por lo que especialistas advierten que la crisis continúa.
La crisis de endeudamiento de las familias y las empresas argentinas alcanzó una dimensión inédita en la región. Un informe de la consultora 1816, elaborado a partir de datos de la Central de Deudores del Banco Central y estadísticas internacionales, ubicó a la Argentina como el país con la mayor proporción de créditos privados en situación irregular de América Latina. La cartera morosa llegó en junio al 7,6%, por encima de Ecuador, con 4,5%; Perú, con 4%; Brasil, con 3,9%; Bolivia, con 3,1%; Colombia, con 3%; Chile, con 2,4%; y México, con 2,2%.
La comparación global también refleja la gravedad de la situación. Entre 98 países con un Producto Interno Bruto superior a los 20.000 millones de dólares, la Argentina quedó en el duodécimo puesto entre las economías con mayores niveles de mora. El país se ubicó apenas cinco décimas por debajo de Nigeria, que registra un 8,1%, mientras que las tasas más elevadas corresponden a Argelia, Bangladesh, Ghana, Irak, Angola, Ucrania y Kenia. En el extremo opuesto aparecen economías como Suecia y Noruega, con solo 0,4% de cartera irregular, y Suiza, con 0,8%.
El Gobierno nacional celebró que durante junio la mora total descendiera del 7,7% al 7,6%, interrumpiendo una racha de 19 meses consecutivos de crecimiento. Sin embargo, los propios datos muestran que la mejora fue mínima y podría ser transitoria. La mora de las familias bajó apenas del 12,8% al 12,7%, mientras que la de las empresas se mantuvo en 3,5%. Además, el descenso coincidió con el cobro del medio aguinaldo, un ingreso extraordinario que muchos trabajadores utilizaron para pagar cuotas atrasadas, cancelar saldos de tarjetas o regularizar préstamos personales.
A ese factor se suma el fuerte aumento de las refinanciaciones, que ya representan el 3,4% del crédito total otorgado a las familias y el 0,7% del financiamiento a empresas. Esto significa que una parte de las deudas no fue cancelada, sino reprogramada mediante nuevos plazos y condiciones. La irregularidad siguió creciendo en 18 de las 30 principales entidades financieras y, en los prestamistas no bancarios, la mora alcanzó el 33%. Por ese motivo, el freno de junio no representa todavía una solución estructural a la crisis, sino una postergación de obligaciones que continúan pesando sobre los ingresos familiares.
El deterioro se produjo en un contexto marcado por el aumento de las tarifas de electricidad, gas, agua, transporte y combustibles, junto con una recuperación salarial desigual y un costo financiero elevado. Para numerosos hogares, el crédito dejó de ser una herramienta destinada a comprar bienes durables y comenzó a utilizarse para pagar alimentos, servicios, medicamentos y gastos cotidianos. Al mismo tiempo, las tasas elevadas de los préstamos personales y de los saldos financiados de las tarjetas hicieron que obligaciones inicialmente manejables se transformaran en compromisos difíciles de sostener.
Otros relevamientos profundizan la dimensión social de la crisis. El Instituto Argentina Grande estimó que 3,6 millones de personas poseen al menos una línea de crédito considerada irrecuperable, con atrasos superiores a un año, mientras que 5,8 millones registran demoras de más de 90 días. Esto implica que aproximadamente uno de cada ocho argentinos mantiene alguna deuda irregular. La mitad de las obligaciones consideradas incobrables corresponde a montos inferiores a $309.000, un dato que revela que buena parte del endeudamiento no se originó en la compra de viviendas o vehículos, sino en la necesidad de cubrir gastos básicos frente a ingresos que ya no alcanzan.
