Revocaron la prisión domiciliaria del pastor Machuca, acusado de abuso sexual y grooming
El imputado, de 67 años, nunca había recuperado la libertad: seguía bajo prisión preventiva y sólo se le había permitido cumplirla en su casa por razones humanitarias y de salud. Para la Fiscalía, esa confianza excepcional fue defraudada.

El Equipo Fiscal N° 13 revocó este miércoles la modalidad domiciliaria de la prisión preventiva que cumplía el pastor Héctor Eduardo Machuca, de 67 años, imputado por abuso sexual simple agravado por su condición de ministro de culto —varios hechos— y grooming, en perjuicio de tres hermanas adolescentes que asistían a su congregación. La medida incluye el traslado inmediato del acusado a la Comisaría Segunda de Barranqueras, luego de que la querella aportara imágenes y videos en los que se lo observaría oficiando cultos en la vivienda donde estaba detenido.
La resolución, firmada por el fiscal Víctor Recio, dejó en claro que el imputado en ningún momento había recuperado la libertad: la prisión preventiva —dictada por decreto del 4 de junio— seguía vigente, y el 1° de julio sólo se había autorizado que la cumpliera bajo modalidad domiciliaria en una vivienda del barrio Dos de Abril, por razones humanitarias y de salud, con su hija como garante. Aquella concesión, según recordó el propio decreto, "no importó libertad, cese de la prisión preventiva ni habilitación para desarrollar actividades sociales, comunitarias, religiosas o de convocatoria de terceros en el domicilio".


El expediente dio un giro a partir del 6 de julio, cuando la Defensora Pública de Víctimas presentó capturas de estados de WhatsApp del día anterior en las que el acusado estaría realizando celebraciones religiosas en el lugar de detención. Este miércoles amplió esa presentación con imágenes y videos aportados por una familiar de las víctimas, publicados en los estados de una testigo de la defensa, donde se lo vería "oficiando culto rodeado de diversas personas". Según consigna la propia resolución, la situación también tomó estado público a través de medios provinciales.
La Fiscalía fue explícita al delimitar el alcance de la decisión: "No se trata de restringir la libertad de culto ni de interferir con convicciones religiosas del imputado, de su familia o de terceros". El problema, sostuvo, no radica en el contenido religioso de la actividad sino en "la realización de actos de convocatoria, exposición pública, reunión o ejercicio de liderazgo" desde el domicilio fijado, que no puede funcionar como "ámbito de reunión, convocatoria, conducción espiritual, recepción de personas o reproducción del marco de ascendencia" que fue ponderado como factor de riesgo al dictarse la preventiva.
Para el fiscal, la conducta revela "una deficiente internalización de la norma" y refuerza el peligro de entorpecimiento de la investigación: en una causa por delitos contra la integridad sexual de menores, atribuidos a quien habría detentado autoridad religiosa sobre ellas y su entorno, la exhibición pública del imputado en un contexto similar "puede operar como un mensaje perturbador, provocador o intimidante para las víctimas, sus familiares y testigos". La resolución remarcó que los registros difundidos no habrían sido una captación clandestina, sino tomas realizadas con la presencia visible del acusado y su consentimiento para la publicación, y que la perturbación fue concreta: fue la propia familia de las víctimas la que alertó a la Defensora, en ejercicio de los derechos que reconoce la Ley 27.372.
En cuanto a la salud del imputado, la Fiscalía consideró que las patologías crónicas invocadas por la defensa no exigen su permanencia en el domicilio y pueden atenderse con controles ambulatorios, provisión de medicación y seguimiento sanitario en la dependencia policial, cuya autoridad deberá garantizar la atención médica e informar de inmediato cualquier novedad.
El decreto también dejó sin efecto la designación de la garante, por la ausencia de un "control efectivo" sobre el cumplimiento de la medida, y ordenó que el traslado se concrete con acta circunstanciada y oficios librados con habilitación de días y horas inhábiles, ante la urgencia de resguardar a las víctimas y neutralizar los riesgos procesales.
La causa se inició el 5 de mayo con una denuncia radicada, precisamente, en la Comisaría Segunda de Barranqueras. Machuca, líder de la iglesia "Puertas del Cielo", está detenido desde el 19 de mayo, cuando un allanamiento en su vivienda derivó en el secuestro de dispositivos electrónicos que forman parte de la prueba.
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