El terremoto que también puso a prueba el tutelaje de Estados Unidos sobre Venezuela

 Lo que pasó esta semana en Venezuela es, antes que nada, una tragedia humana de una magnitud que el país no estaba en condiciones de afrontar. Dos terremotos casi simultáneos —apenas 39 segundos de diferencia entre uno y otro— con epicentro en el estado de Yaracuy se transformaron en el sismo más severo que sufre la región en más de un siglo. Cientos de edificios colapsados, el aeropuerto Simón Bolívar con daños graves, servicios de energía y comunicaciones interrumpidos: la postal es la de un país que ya venía golpeado por años de chavismo y que hoy no tiene la maquinaria, los recursos ni la organización institucional para enfrentar una catástrofe de esta escala.

Por eso mismo, el gesto de la comunidad internacional merece ser destacado. En medio de un sistema internacional bastante vapuleado, donde el derecho internacional parece cada vez más un papel mojado, ver a Argentina, Colombia, México, España, Francia, Suiza y hasta el propio Vaticano movilizarse para ayudar es, sencillamente, esperanzador. Y en ese gesto colectivo, Estados Unidos jugó un papel central: activó un protocolo de emergencia, desplegó equipos de rescate urbano y comprometió 150 millones de dólares en asistencia humanitaria.

Pero esa rapidez no debería leerse como un golpe de timón en la política de Washington hacia Caracas. Es, más bien, un reflejo de algo que ya viene ocurriendo desde enero, cuando una operación militar estadounidense sacó a Nicolás Maduro del poder y Donald Trump terminó respaldando a Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta del propio Maduro, como presidenta interina. Desde entonces, Venezuela cambió su política exterior y se convirtió, de hecho, en un socio de Estados Unidos. Y digo de hecho porque hoy prácticamente no hay decisión relevante en Venezuela que no esté primero chequeada en Washington, empezando por el propio petróleo: los ingresos de la actividad petrolera, que es el principal sostén económico del país, no quedan en manos venezolanas sino que se depositan primero en una cuenta bancaria estadounidense antes de ser canalizados.

Ahí aparece la pregunta incómoda: si Estados Unidos ya cogobierna, en los hechos, la economía venezolana, ¿por qué se mantienen las sanciones? La respuesta tiene que ver con un proceso pensado como gradual, en tres etapas: primero estabilizar el país tras el caos de la era Maduro, después reactivar la economía a partir de los recursos naturales, y solo en una tercera instancia avanzar hacia una transición democrática. Ahí entra María Corina Machado, que junto a Edmundo González había sido candidata opositora en las elecciones de 2024, plagadas de denuncias de fraude que llevaron a su exilio, hoy repartido entre Madrid y Washington.

Y ahí se ve la otra cara de la moneda: Estados Unidos sostiene discursivamente a Machado como gran líder opositora, pero en los hechos no la quiere en el poder, porque eso supondría soltarle la mano a Delcy Rodríguez, que sigue en pie pese a haber surgido de un proceso electoral fraudulento. Machado, mientras tanto, no puede criticar abiertamente a su principal aliado internacional, aunque por lo bajo cuestione esa contradicción.

Los números de derechos humanos, igual, muestran avances reales: según Foro Penal, hoy hay casi 400 presos políticos en Venezuela, lejos de los miles de hace pocos años, con más de 900 excarcelaciones acumuladas. Pero la situación sigue lejos de ser ideal, y el proceso electoral que debería destrabar todo esto no tiene fecha. Delcy Rodríguez, con una popularidad que no supera el 25% —y aún más baja entre los venezolanos exiliados—, tiene todo el incentivo para patear las elecciones lo más adelante posible y, eventualmente, presentarse ella misma.

El problema es que Venezuela ya no tiene tiempo. La inflación se disparó muy por encima del 500%, el país estaba destruido económicamente antes de que la tierra temblara, y ahora se suma una tragedia que terminó de mostrar la fragilidad de un Estado sin capacidad de respuesta propia. Quizás esta catástrofe termine siendo, paradójicamente, la frutillita del postre que acelere el final definitivo del régimen heredado del chavismo. Pero para que eso sea una transición y no una nueva forma de tutelaje, los venezolanos van a necesitar, antes que nada, una sola cosa que hoy nadie les puede garantizar: una fecha en el calendario para votar.