Venezuela después del terremoto: la tragedia que expuso el tablero político regional

El terremoto que sacudió a Venezuela hace poco más de dos semanas ya no admite dudas sobre su magnitud: casi 4.000 muertos, 17.000 heridos, otros 17.000 desplazados y más de 70.000 personas todavía dadas por desaparecidas bajo los escombros, con pocas o nulas posibilidades de aparecer con vida. En términos económicos, el impacto ronda los 7.000 millones de dólares. Es, sin exagerar, el peor sismo en Venezuela en 125 años y una de las peores catástrofes que haya sufrido la región en el último siglo.

El jueves, la brigada de más de 2.000 rescatistas estadounidenses que trabajaba en La Guaira, la zona más golpeada, regresó a su país. La lectura es dolorosamente clara: después de dos semanas, la esperanza de encontrar sobrevivientes se agotó.

Más allá del drama humanitario, la catástrofe funcionó como una prueba de fuego para el gobierno de Delcy Rodríguez, la presidenta interina que junto a su hermano Jorge Rodríguez y a Diosdado Cabello conforma una suerte de triunvirato de facto. Y los resultados fueron, para decirlo sin eufemismos, deficientes. No es una valoración aislada: medios como el Wall Street Journal, The New York Times, Al Jazeera o la BBC, además de organizaciones de derechos humanos, coincidieron en documentar la lentitud de la respuesta oficial y una maraña de trabas burocráticas que costó vidas. Rescatistas que operaban en La Guaira debían viajar hasta Caracas para tramitar un código QR indispensable para seguir trabajando, muchas veces con sistemas que ni siquiera funcionaban. Cada viaje significaba perder casi un día entero en un contexto donde las horas eran, literalmente, vitales.

En medio de ese desastre organizativo apareció un dato que amerita otra lectura: el FMI anunció un préstamo de 350 millones de dólares para la reconstrucción. Es un giro respecto de la relación histórica entre los gobiernos chavistas y los organismos multilaterales, siempre tensa desde los tiempos de Hugo Chávez. El préstamo refleja cierta expectativa de recuperación, aunque esa expectativa está fuertemente condicionada al rol que hoy ocupa Estados Unidos en Venezuela.

Y ese rol merece ser mirado con atención, incluso desde Argentina, donde Washington es hoy el principal aliado estratégico. Venezuela funciona, en los hechos, casi como un protectorado bajo tutela directa de Donald Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio. Formalmente sigue siendo un estado soberano; en la práctica, no lo es. Y esa distancia entre lo formal y lo real debería encender una alarma en toda la región.

Se puede entender, desde el pragmatismo político, que Estados Unidos haya intervenido: las elecciones venezolanas de 2025 fueron un fraude reconocido apenas por 25 de los 182 países del mundo, un régimen sin legitimidad casi unánime. Lo que resulta más difícil de justificar son las contradicciones que rodean esa intervención. Estados Unidos respalda hoy a una administración —la de Delcy Rodríguez— que surge de las mismas elecciones que Washington se niega a reconocer como válidas. Diosdado Cabello, ministro del Interior, tiene una orden de arresto y una recompensa millonaria por parte de Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico; sin embargo, esta semana se lo vio estrechando la mano del general Francis Donovan, jefe del Comando Sur. Difícil sostener el discurso de defensa de la democracia y el constitucionalismo mientras se convive, literalmente, con quien se persigue.

Detrás de la ayuda humanitaria —que fue real, valiosa, y en la que participaron decenas de países, entre ellos Argentina— hay también un negocio. Hoy, quienes compran petróleo venezolano no le pagan al gobierno de Venezuela: le pagan a Estados Unidos, a una cuenta de Citibank. Washington retiene una porción de esas regalías antes de transferir el resto a Caracas, que a su vez aplica una diferencia cambiaria entre la tasa oficial y la paralela para quedarse con otra tajada. El resultado es que, en esta situación anómala, Estados Unidos termina siendo uno de los principales beneficiarios económicos de la tragedia venezolana.

Puede resultar comprensible que, en el marco de una emergencia extrema como la que implicó desplazar a Maduro, se toleren temporalmente ciertas irregularidades. Pero superada esa instancia, lo que corresponde es volver cuanto antes al camino de la normalización democrática: elecciones libres y transparentes, que es lo que el pueblo venezolano merece.

Mientras tanto, el malestar social crece. Episodios como el de funcionarios militares exigiendo 500 dólares a familiares de víctimas para entregarles los cuerpos alimentan un enojo profundo, tanto en el territorio como en la diáspora venezolana, un enojo que empieza a alcanzar también a Donald Trump, percibido cada vez más como el garante de Delcy Rodríguez. Y en ese escenario hay una sola figura capaz de capitalizar políticamente ese descontento: María Corina Machado, a quien el régimen le impide regresar a su propio país. La semana pasada lo intentó dos veces: primero en un vuelo privado que fue interceptado antes de llegar, y días después le impidieron directamente embarcar en un vuelo comercial pese a tener el pasaje. Que a una ciudadana venezolana se le niegue el regreso a su propio país no tiene justificación posible, y expone una convivencia incómoda entre Washington y Caracas para mantener fuera de juego a quien, según todo indica, tiene los votos.

Venezuela necesita reconstruirse de sus escombros. Pero también necesita, con la misma urgencia, reconstruir su democracia.