Las irregularidades detrás del funcionamiento del hogar "Regreso al Padre"
Tras la imputación de los directivos del hogar que funcionaba como centro de rehabilitación por consumos problemáticos "Regreso al Padre"en Presidencia Roque Sáenz Peña, el caso abre un debate clave sobre los requisitos reales que exige la ley para los lugares que atienden adicciones.
La investigación penal sobre el hogar "Regreso al Padre" avanzó firmemente en los tribunales de Sáenz Peña tras la imputación de Alfredo Fernández y Rogelio Gatti por abuso sexual.
Más allá de los cargos penales que se investigan, las recientes declaraciones públicas del abogado de la institución, Gustavo Ariel Ojeda, dejaron en evidencia una serie de contradicciones entre cómo operaba el lugar y lo que exigen las leyes actuales en nuestro país.
A continuación, analizamos los puntos más importantes de sus declaraciones y qué dice la ley al respecto.
Funcionar dos años sin los papeles en regla
La declaración del abogado:
"El comodato vence ahora en junio, ellos ingresaron como una comunidad y la condición era que sean fundación. Y ellos hace cinco meses, o seis, si no me equivoco, tienen la declaración por personería jurídica, la resolución que son una fundación. Ellos vienen con una institución de comunidad "Regreso al Padre" hace dos años trabajando."
Qué dice la ley:
El abogado admitió que el hogar funcionó durante casi un año y medio sin estar registrado legalmente. Según el Artículo 193 del Código Civil y Comercial de la Nación, ninguna fundación o institución privada existe oficialmente ni puede operar hasta que el Estado no le otorgue la autorización formal y la personería jurídica. Trabajar "en tratativas" o bajo promesas de regularizarse no es legal. Además, para firmar contratos válidos (como el de alquiler o comodato que mencionó), la institución ya debía estar constituida legalmente desde el primer día.
Tratar adicciones sin médicos ni psicólogos
La declaración del abogado:
"Estaban en tratativas para la inscripción en el Sedronar, pero no lo lograron porque los requisitos eran extensos y segundo, siempre ellos tienen un abordaje intersectorial. No sabría qué profesional intervenía. Sí te puedo decir que se articuló con la Región Educativa, asistente social que estaba en conexión y hacía los informes".
Qué dice la ley:
Esta es una de las respuestas más delicadas. El letrado reconoció que no iba ningún profesional de la salud al lugar y que no lograron registrarse en el Sedronar. La Ley Nacional de Salud Mental (N° 26.657) es muy clara en sus Artículos 8 y 16: cualquier tratamiento de consumos problemáticos debe ser coordinado obligatoriamente por un equipo interdisciplinario que incluya psicólogos y psiquiatras. Las adicciones son un problema de salud; por lo tanto, que los internos solo recibieran apoyo de un asistente social o talleres educativos (sin médicos matriculados presentes) está completamente fuera de la normativa de salud pública.
¿"Servidores" o una clínica de internación clandestina?
La declaración del abogado:
"Ellos trabajaban en una comunidad de ayuda y de autoayuda, ¿sí? No es una institución que tenga un régimen terapéutico. La estructura de ellos no estaba de esa manera, de acuerdo a la comunidad son servidores."
Qué dice la ley:
El argumento de que eran una simple "comunidad de autoayuda" con "servidores" se cae al ver cómo funcionaba el lugar: las personas vivían, comían y dormían allí de forma permanente. El Artículo 27 de la Ley de Salud Mental regula estrictamente los centros residenciales. Si un lugar aloja personas para rehabilitarlas, pasa automáticamente a ser un centro asistencial y debe estar habilitado por el Ministerio de Salud. La ley no contempla la figura de "servidores" voluntarios para reemplazar la obligación de tener un director institucional con título universitario y matrícula habilitante.
El mito de que "ingresaban por voluntad propia"
La declaración del abogado:
"Las personas ingresaban en forma voluntaria, el ingreso y egreso voluntario. Creo que más de 200 personas pasaron por esa institución. Algunos reincidían, volvían y siempre en forma voluntaria".
Qué dice la ley:
Que un paciente ingrese por su propia voluntad es un derecho que destaca el Artículo 18 de la Ley de Salud Mental, pero esa "voluntariedad" debe ser evaluada y firmada por un médico o psicólogo calificado, no por los dueños de una casa. Además, el propio abogado mencionó que en el hogar había personas procesadas judicialmente que estaban cumpliendo allí una pena o bajo un régimen de "resocialización". Cuando la Justicia penal deriva a una persona (según la Ley de Ejecución de la Pena N° 24.660), exige que el lugar de destino sea una institución oficial, controlada por jueces y con informes técnicos periódicos. Alojar internos derivados de causas penales en un predio sin profesionales ni habilitación estatal rompe todas las reglas del sistema judicial y sanitario.
Documentación
La documentación e informes secuestrados por la Justicia durante los allanamientos serán las pruebas definitivas en este caso. Sin embargo, las declaraciones públicas analizadas pintan un panorama muy complicado para los responsables del hogar "Regreso al Padre": intentar justificar el funcionamiento de un centro de internación masivo bajo la etiqueta de "grupo espiritual de autoayuda" no tiene ningún respaldo en las leyes argentinas.
