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Miércoles 11 de Noviembre, 2026
ALBERTO MONTES

Un concejal libertario deberá pagar $12 millones tras tocar sin consentimiento a una empleada

Alberto Montes, concejal de La Libertad Avanza en San Isidro, quedó envuelto en una fuerte polémica tras la difusión de un video en el que se lo ve tocando sin consentimiento a una compañera de trabajo.

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El concejal de La Libertad Avanza en San Isidro, Alberto Montes, deberá pagar un resarcimiento económico de 12 millones de pesos a una empleada, luego de que se difundiera un video en el que se lo ve tocándola sin su consentimiento dentro de una oficina de la Dirección de Tránsito. El caso generó una fuerte repercusión política y judicial, especialmente después de que el edil intentara justificar lo ocurrido al señalar que "intentó ser un chiste".

El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad: en las imágenes se observa al funcionario ingresar a una oficina y tocar a una mujer que estaba de espaldas trabajando. La reacción de la víctima fue inmediata, con un golpe defensivo, y posteriormente realizó la denuncia correspondiente. A partir de ese hecho, Montes afrontó un reclamo en el fuero civil y acordó una compensación económica, que deberá pagar en cuotas.

Sin embargo, el acuerdo civil no implica el cierre del expediente penal. La causa continúa bajo la carátula de abuso sexual y el concejal deberá enfrentar un juicio oral en octubre. La Justicia ya había rechazado un pedido de sobreseimiento presentado por su defensa, al considerar que las pruebas incorporadas al expediente, entre ellas el video, resultan relevantes para avanzar con el proceso.

Mientras tanto, desde sectores de la oposición cuestionaron el silencio político alrededor del caso y la permanencia de Montes en su banca. También surgieron interrogantes sobre cómo afrontará el pago del acuerdo económico, teniendo en cuenta su salario como concejal. La víctima, en tanto, espera que la instancia penal avance y que la Justicia determine responsabilidades por un hecho que volvió a poner en debate la conducta de los funcionarios públicos frente a situaciones de violencia y vulneración de derechos.

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