Cierran los bancos en La Paz ante el avance de las protestas y el vandalismo
El conflicto interno en Bolivia sumó un capítulo de alta tensión internacional tras los fuertes cruces entre las cancillerías de La Paz y Colombia por las declaraciones de Gustavo Petro. Mientras el desabastecimiento de combustible y alimentos golpea a dos millones de ciudadanos, el Gobierno advierte que aplicará medidas contundentes.
Este martes 19 de mayo de 2026, la crisis política y social en Bolivia alcanzó un nuevo punto de quiebre tras confirmarse el cierre temporal de las principales sucursales bancarias en el centro de La Paz. Entidades como el Banco Nacional de Bolivia, el BCP, el Banco Económico y el estatal Banco Unión suspendieron su atención presencial y replegaron sus operaciones a plataformas virtuales por estrictas razones de seguridad ante el inminente riesgo de vandalismo y saqueos.
La Paz y El Alto registran un escenario crítico tras 18 días consecutivos de bloqueos de rutas y cortes generalizados impulsados por sectores sindicales, mineros e indígenas alineados con el expresidente Evo Morales. Las protestas, que inicialmente rechazaban los planes de austeridad económica del mandatario centrista Rodrigo Paz Pereira —quien asumió hace apenas seis meses—, mutaron en un masivo pedido de renuncia. La parálisis del transporte terrestre generó un alarmante desabastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos, al punto de que los centros hospitalarios advirtieron que solo cuentan con reservas de oxígeno medicinal para las próximas 72 horas.
La escalada de violencia en las calles forzó al Ministerio de Gobierno a desplegar un operativo reforzado con más de 2.500 efectivos de la Policía Nacional. Las últimas jornadas dejaron un saldo de patrullas incendiadas, ataques con cachorros de dinamita hacia las fuerzas de seguridad, destrozos en las cabinas del teleférico y más de 100 manifestantes detenidos. Desde el arco oficialista denunciaron que las movilizaciones no responden a un reclamo social genuino, sino a una estructura financiada con fines netamente desestabilizadores, ligada a la compleja situación judicial que atraviesa el propio Morales en el país.
