El Superior Tribunal de Justicia reguló el uso de inteligencia artificial en los expedientes

El Poder Judicial del Chaco emitió un recordatorio fundamental para todos sus integrantes respecto al marco normativo que regula la incorporación de nuevas tecnologías en la labor diaria. A través de la Resolución N.º 961/2025, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ratificó que el uso de herramientas de inteligencia artificial dentro de los procesos y expedientes no es de libre disponibilidad, sino que se encuentra estrictamente sujeto a una autorización expresa emitida por el organismo central. Esta disposición tiene como objetivo principal establecer un cordón de seguridad que proteja la integridad de los datos judiciales y asegure que la innovación técnica no vulnere los principios fundamentales de la función jurisdiccional en este 2026.

Uno de los puntos más destacados de la reglamentación vigente hace hincapié en la responsabilidad funcional de los niveles jerárquicos. En este sentido, el STJ enfatizó que cualquier solicitud para habilitar el uso de estos sistemas debe ser gestionada de manera exclusiva por el Juez o el titular de la dependencia correspondiente. No se admitirán pedidos de personal subalterno sin el aval directo del responsable del área, entendiendo que la inclusión de algoritmos en la redacción o análisis de causas judiciales implica un compromiso institucional que solo la máxima autoridad de cada juzgado puede asumir formalmente.

En cuanto a los requisitos técnicos para la aprobación, el procedimiento administrativo exige una precisión milimétrica. Al momento de elevar la solicitud, el magistrado debe identificar fehacientemente el número de CPU o terminal informática en la que se instalará o habilitará el acceso a la herramienta. Asimismo, es obligatorio detallar la nómina de las personas autorizadas para operar dichos sistemas. Este control busca evitar el uso indiscriminado de la tecnología en equipos no registrados, garantizando una trazabilidad completa de quién y desde dónde se accede a la asistencia de la inteligencia artificial dentro de la red oficial del Poder Judicial.

Respecto a la oferta tecnológica permitida, el organismo ha sido taxativo al establecer una Guía oficial de herramientas aprobadas. Actualmente, los únicos sistemas que cuentan con el visto bueno para ser utilizados en el ámbito judicial son ChatGPT, Gemini, Notebook y Copilot. Cualquier otra aplicación, plataforma o desarrollo que no figure en este listado queda expresamente excluido del uso oficial. Esta selección cerrada responde a evaluaciones previas de ciberseguridad y compatibilidad con los estándares de confidencialidad que requieren los expedientes chaqueños, minimizando los riesgos de filtración de información sensible hacia servidores externos no auditados.

La implementación de estas medidas regulatorias responde a la necesidad de equilibrar la modernización judicial con los valores éticos de la magistratura. El Superior Tribunal de Justicia sostiene que la finalidad de estas pautas es asegurar un entorno de trabajo seguro y responsable, donde la tecnología funcione como un soporte auxiliar y nunca como un reemplazo del criterio humano del juzgador. Al centralizar las autorizaciones y limitar las herramientas disponibles, el Chaco se posiciona como una de las provincias con protocolos más rigurosos para evitar sesgos o errores automatizados que puedan afectar el derecho de defensa de los ciudadanos en los litigios en curso.

Finalmente, el organismo recordó que el incumplimiento de estas pautas podría derivar en sanciones administrativas, dado que la incorporación de software no autorizado en equipos oficiales constituye una falta a las normas de seguridad informática interna. Con la plena vigencia de la Resolución 961, la justicia chaqueña busca dar un paso firme hacia la eficiencia sin descuidar la prudencia. En un contexto global donde la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, el STJ reafirma que la prioridad absoluta sigue siendo la transparencia y la legalidad en cada etapa del proceso judicial, protegiendo así la confianza de la sociedad en sus instituciones.