Quedó firme la condena al joven que dejó inconsciente de un golpe a un playero correntino en 2021
Arturo López quedó con secuelas neurológicas severas tras una trompada que le dio un joven de 17 años luego de discutir por un rayón en la pintura de su auto. La condena ya no puede apelarse ante la Corte Suprema.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de Carlos M. A. y dejó firme la condena a tres años de prisión en suspenso por el ataque a Arturo López, el playero correntino que quedó con lesiones neurológicas severas tras recibir una trompada en un estacionamiento del barrio de Monserrat. El agresor tenía 17 años al momento del hecho.
El episodio ocurrió el 19 de noviembre de 2021 en un garaje de la calle Moreno al 800. Según la causa, M. A. llegó al lugar y se cruzó con López por un supuesto daño en la pintura de su auto. La discusión terminó con una piña en el rostro del trabajador, que cayó desmayado al piso y sufrió una lesión neurológica grave como consecuencia del golpe. El joven se dio a la fuga y recién después pasó un tiempo detenido.


En un primer momento fue condenado a cuatro años y tres meses por lesiones gravísimas dolosas, pena que luego se redujo a tres años en suspenso. A fines de diciembre pasado, el propio TSJ porteño había ratificado la sentencia, y ahora cerró la vía para que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los jueces Santiago Otamendi, Luis Francisco Lozano, Inés Weinberg, Marcela De Langhe y Alicia Ruiz consideraron inadmisible el planteo al entender que no contenía los fundamentos necesarios. Señalaron que no se logró demostrar la existencia de una cuestión federal y que los argumentos no se dirigían contra la sentencia del tribunal superior de la causa. La defensa había insistido con que la pena se había fijado de manera arbitraria y que no se habían ponderado los principios constitucionales vinculados al Régimen Penal Juvenil.
Este no es el primer revés para los abogados del agresor: en 2025, el mismo tribunal ya había rechazado un recurso de inconstitucionalidad. En aquella oportunidad, los magistrados remarcaron la gravedad del hecho, pero justificaron que la pena no privativa de la libertad respondía a criterios socioeducativos y de reinserción, propios del régimen aplicable a menores de edad al momento del delito.
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