Avanza la investigación: "Estamos recibiendo amenazas otra vez"

La investigación por el crimen del panadero en la localidad de Fontana sumó un capítulo determinante en las últimas horas tras la detención e imputación de Leonela Quintana, madre del adolescente de 17 años señalado como el autor material del disparo. En una jornada marcada por la tensión en el barrio Aipo, la mujer, que cursa un embarazo de ocho meses, prestó declaración indagatoria ante la fiscal Ana González de Pacce y fue formalmente imputada como coautora del homicidio de Rubén Osvaldo Fernández. Pese a la gravedad de la calificación, la justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria debido a su estado de gravidez, una decisión que generó un profundo malestar en el círculo íntimo de la víctima, quienes temen que la cercanía de la imputada facilite nuevos hechos de violencia.

En diálogo con N9, la viuda del trabajador asesinado, Silvia Fernández, expresó su indignación frente a la medida judicial y cuestionó la actitud de la mujer ahora procesada. "Ella no pensó en su embarazo en el momento de darle un arma al hijo; quiero que cumpla el tiempo de su embarazo tras las rejas porque mi marido se llevó la peor parte", sentenció con firmeza. La familia de la víctima sostiene que Quintana tuvo un rol activo en el desenlace fatal ocurrido en la intersección de avenida San Martín y pasaje Salta, donde "Ñoño" perdió la vida al intentar proteger a sus hijos de una balacera que, según los testimonios, no lo tenía a él como destinatario original, sino a un vecino identificado como Agustín Maldonado.

El clima en el barrio Aipo lejos está de apaciguarse, ya que Silvia denunció ante las cámaras de Noticiero 9 que la detención de los sospechosos no detuvo el hostigamiento. Según relató, el entorno de los Quintana comenzó a enviar mensajes intimidatorios a través de redes sociales como Instagram y WhatsApp, los cuales ya fueron capturados para ser presentados ante la justicia chaqueña. "Estamos recibiendo amenazas otra vez; dicen que esto no va a quedar así y yo temo por mi vida y la de mis hijos", confesó la mujer, quien además identificó a los autores de estos mensajes como familiares directos de la imputada, específicamente un hermano de la mujer embarazada que reside a pocas cuadras del lugar del hecho.

La situación de vulnerabilidad de la familia Fernández se ve agravada por las condiciones del entorno urbano en Fontana, donde la falta de infraestructura básica se convierte en un aliado de la delincuencia. Silvia aprovechó la presencia del móvil de N9 para realizar un pedido directo a las autoridades municipales, solicitando de forma urgente el restablecimiento del alumbrado público y la instalación de dispositivos de vigilancia. "Necesitamos que el intendente ponga una cámara de seguridad acá en la esquina, porque esto es una boca de lobo y es un peligro mandar a los chicos al almacén", explicó, vinculando la oscuridad de la zona con la facilidad con la que los allegados al menor detenido circulan por el barrio para amedrentar a los testigos y familiares de la víctima.

En cuanto al avance de la causa judicial, la fiscalía analiza un video clave donde se observaría a Leonela Quintana amenazando previamente a las personas involucradas en la disputa original. Para la querella, este material probatorio es fundamental para sostener la acusación de coautoría, ya que demostraría la instigación y la facilitación del arma de fuego utilizada por el adolescente. "Sigo esperando que se investigue bien cómo fue todo el desenlace porque mi marido no tuvo nada que ver en ese problema", remarcó Silvia, quien confía en que los testimonios de los vecinos y las grabaciones aportadas serán suficientes para alcanzar la pena máxima tanto para el menor, actualmente alojado en Tres Horquetas, como para su madre y su padrastro.

El crimen del panadero ha dejado una herida abierta en una comunidad que se siente desprotegida y exige respuestas concretas del Estado. Mientras Silvia Fernández se prepara para ampliar su testimonial y presentar las pruebas de las nuevas amenazas, la Policía del Chaco mantiene una guardia mínima en la zona para evitar represalias. Sin embargo, la sensación de inseguridad persiste: "Yo creo en la justicia, pero necesito que cumplan la condena que se merecen y que no quede impune", concluyó la viuda, reafirmando que su lucha no cesará hasta que todos los responsables del asesinato de Rubén Fernández enfrenten las consecuencias legales tras las rejas, sin beneficios que pongan en riesgo la integridad de quienes hoy son las víctimas colaterales de esta tragedia.