Denuncian que uno de cada cinco médicos se niega a recetar copias más baratas de medicamentos de alto costo
Las diferencias de precio entre la droga original y su copia pueden ser abismales: un tratamiento para esclerosis múltiple pasa de 50 mil pesos por mes con un biosimilar a 5 millones con el innovador. La controversia termina, en muchos casos, resuelta por los jueces.
Una fuerte polémica atraviesa al sistema de salud privado argentino por la conducta de un sector de los médicos que trabajan con prepagas y obras sociales: rechazan prescribir copias más baratas de medicamentos de alto costo aunque su eficacia y seguridad sean similares a las del producto original. Según datos que manejan los principales financiadores del país, cerca del 20% de los profesionales se niega a que la cobertura que reciben sus pacientes sea la de un biosimilar en lugar del medicamento innovador, sin que exista una razón documentada que sustente esa decisión.
El biosimilar es, en pocas palabras, una versión más económica del medicamento original, fabricada por un laboratorio nacional o extranjero a partir de la droga importada. Su aparición funciona como un regulador del mercado, porque empuja los precios hacia abajo en un rubro donde las diferencias pueden ser enormes. Un ejemplo claro se da en la esclerosis múltiple: el tratamiento mensual con una copia argentina cuesta alrededor de 50 mil pesos, mientras que con el medicamento innovador trepa a cinco millones. Las especialidades donde más se observa la resistencia a las copias son la neuroinmunología, la oncología, la oncohematología y la reumatología.
Detrás de este escenario aparece la postergada Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFiTS), anunciada por el Gobierno el 27 de marzo de 2025 pero nunca puesta en marcha. Su ausencia impide que un organismo independiente evalúe la relación costo-beneficio de cada nuevo medicamento, negocie precios y defina en qué casos corresponde la cobertura. Así, esas decisiones quedan libradas a lo que resuelven médicos y jueces, sin un marco común que ordene el sistema.
Desde el sector médico rechazan con firmeza el porcentaje que manejan las prepagas. Un presidente de una sociedad científica, habituado a prescribir drogas de alto costo, sostuvo que la cifra es mucho menor y que, en todo caso, existe una tendencia mayor a recetar medicamentos de laboratorios nacionales, por la política comercial más agresiva que estos despliegan a través de sus visitadores. El profesional defendió la autonomía del médico para ofrecer la mejor opción disponible a cada paciente y cargó contra las coberturas, a las que acusó de retacear los tratamientos más innovadores para priorizar alternativas más baratas. También reclamó que se active de una vez la agencia de evaluación de tecnologías para que un ente externo defina estos asuntos.
Cuando no hay acuerdo entre el médico y el financiador, la discusión suele terminar en la Justicia. Hoy, uno de cada diez amparos en salud está vinculado a un reclamo por la marca del medicamento, y los jueces tienden a priorizar el derecho a la salud del paciente por sobre cualquier otra consideración, dada la falta de un criterio sanitario consensuado. Las razones que explican por qué algunos profesionales rechazan prescribir copias oscilan entre antecedentes adversos con pacientes propios, sin sistematización formal, y sospechas sobre vínculos económicos con determinados laboratorios.
El panorama se completa con los movimientos recientes del gobierno de Javier Milei en materia de patentes. El Ejecutivo ya derogó la resolución 118/2012, que acotaba los criterios para patentar medicamentos en el país, y ahora impulsa en el Congreso la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), al que ya suscribieron 158 países. Los laboratorios nacionales temen un aluvión de solicitudes extranjeras con plazos impredecibles, mientras los financiadores observan con inquietud el posible nuevo escenario. Desde la Unión Argentina de Salud (UAS), que nuclea a las principales prepagas, plantearon la necesidad de un Estado sólido que controle los abusos de posición dominante, una agencia de evaluación en funcionamiento, un sistema de compras centralizado para los medicamentos de mayor precio y un Fondo Nacional de Recursos para financiar estas prestaciones sin dinamitar al sistema.
