Amenazas a escuelas: secuestraron cuatro celulares y avanzan las investigaciones
El Departamento Cibercrimen avanzó con medidas en Resistencia y Barranqueras tras detectar perfiles y mensajes intimidantes vinculados a posibles ataques en escuelas, en una causa que lleva adelante la Fiscalía de Investigación Penal N° 3.
La investigación por las amenazas a establecimientos escolares en Resistencia y Barranqueras registró nuevos avances este lunes, luego de que el Departamento Cibercrimen informara el secuestro de cuatro teléfonos celulares en el marco de una causa por supuesta intimidación pública. El expediente es llevado adelante por la Fiscalía de Investigación Penal N° 3, que interviene tras la circulación de publicaciones y mensajes intimidantes en redes sociales vinculados a posibles ataques en escuelas.
Según se detalló en el informe oficial, las actuaciones se concentraron en perfiles detectados en plataformas como Instagram, WhatsApp y TikTok, donde se difundieron mensajes de tenor amenazante e imágenes asociadas a hechos de violencia escolar. A partir del análisis de fuentes abiertas, oficios judiciales y tareas investigativas de campo, los agentes lograron establecer presuntas vinculaciones con adolescentes menores de edad en al menos tres líneas investigativas, una de ellas relacionada con una escuela de Barranqueras y otras con establecimientos de Resistencia.
En todos los casos, la Justicia dispuso la notificación a los progenitores, la intervención de la Línea 102 y el resguardo de los dispositivos bajo cadena de custodia para su posterior análisis técnico. Desde el área especializada remarcaron que la causa continúa en etapa investigativa y que el objetivo es determinar con precisión la autoría, la procedencia de los perfiles y el alcance de los mensajes que generaron preocupación en la comunidad educativa.
En paralelo, desde el ámbito educativo provincial insistieron en que este tipo de episodios no deben ser minimizados y reclamaron un mayor acompañamiento de las familias frente al uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes. La seguidilla de amenazas, que alcanzó a más de 50 establecimientos en la provincia, abrió además un debate sobre los límites, los consumos digitales y la responsabilidad compartida entre escuela, hogar y Estado para prevenir nuevas situaciones de alarma.
